Sánchez externaliza la concesión de nacionalidad a 645.052 argentinos y los incorpora al censo electoral
El Gobierno de Pedro Sánchez ha externalizado el proceso para conceder la nacionalidad española a los 645.052 solicitantes de la Ley de Memoria Democrática en el Consulado General de Buenos Aires. La medida, revelada por El Debate, saca del control de los funcionarios públicos la tramitación y acelera la incorporación de estos nuevos españoles al censo electoral de cara a las próximas elecciones generales.
Una puerta giratoria hacia el censo
La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, abrió la vía para que descendientes de españoles exiliados obtuvieran la nacionalidad sin necesidad de residir en España. Lo que ahora cambia es la externalización del proceso en el consulado de Buenos Aires, donde se concentra la mayor parte de las solicitudes. La oposición denuncia que se trata de un «asalto al censo»: 645.052 personas que nunca han pisado el país podrán votar en las generales, y se presume que su voto sería favorable al PSOE.
El debate sobre el ius sanguinis frente al ius solis
Los críticos señalan que la nacionalidad por residencia exige diez años de estancia continuada en España, mientras que esta vía no requiere ni un día. Defensores de la medida recuerdan que España se rige por el ius sanguinis (derecho de sangre), no por el ius solis: la nacionalidad se transmite por origen, no por nacimiento en el territorio. El choque es entre la letra de la ley y la sospecha de un uso electoralista de la misma.
El Gobierno baraja extender la externalización a otros consulados con alta demanda, lo que incrementaría aún más el volumen de nuevos votantes potenciales. Mientras, la oposición anuncia recursos y el PP exige una comisión de investigación en el Congreso. La fecha de las generales, aún no convocadas, condiciona toda la operación: el censo cierra antes de los comicios y el tiempo corre a favor de Sánchez.
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