Rubén Gisbert si en 24 horas no se adopta ninguna medida, encabezará una marcha a Ceuta para hacer lo q el ejército no está haciendo: defender España

Gisbert lanza un ultimátum de 24 horas por la soberanía de Ceuta

Si en 24 horas no se adopta ninguna medida, encabezaré una marcha a Ceuta para hacer lo que el Ejército no está haciendo: defender España. La frase, lanzada por el activista Rubén Gisbert en un vídeo, ha abierto una brecha que va mucho más allá del tablero político convencional. La ciudad autónoma no es un escenario cualquiera: está soportando una presión demográfica sin precedentes, con unos 130.000 personas sobre un censo habitual de 80.000, comercios cerrados y problemas para abastecerse. El debate que ha generado la amenaza de una marcha ciudadana divide entre quienes aplauden la iniciativa y quienes la consideran un brindis al sol.

El dato demográfico que lo explica todo

Los números son tozudos. Que una ciudad pase de 80.000 habitantes habituales a 130.000 en un periodo corto no admite lecturas edulcoradas. La infraestructura urbanística, los servicios públicos y la cadena de suministro de Ceuta están dimensionados para una población muy inferior. Los partidarios de la marcha argumentan que solo la presencia masiva de españoles de la península, aunque sea para hacer bulto, forzará una respuesta política; los escépticos ven en esa misma idea una solución de feria.

Hay un matiz que conviene no perder: el cuantitativo no es el único problema. Quienes defienden la movilización insisten en que el Gobierno ha abandonado a su suerte a los ceutíes. La exigencia de fondo no es que los civiles sustituyan al Estado, sino que el Estado actúe. De ahí que entre las propuestas circulantes haya reaparecido la del estado de sitio en Ceuta y Melilla como medida de orden, una opción que cuenta con apoyos pero también con enormes reparos jurídicos.

El plazo de 24 horas y la sombra de la sobreactuación

Un ultimátum de 24 horas tiene todo el aire de una escenificación calculada. La respuesta oficial, por ahora, no ha ido más allá del anuncio de unas boyas en la frontera cuya eficacia levanta más de una carcajada en el análisis ciudadano. Basta con repasar la hemeroteca reciente para recordar que otros gestos políticos similares se quedaron en nada: hay quien sostiene que la farsa se desinfló en tres horas, y quien replica que la indignación no se mide con cronómetro.

La figura de Gisbert tampoco ayuda a la neutralidad. Para unos es el único que ha dicho en voz alta lo que ningún líder político se atreve a pronunciar; para otros, un agitador profesional que monetiza el descontento y las catástrofes. Ambas cosas pueden ser ciertas a la vez, y ese es precisamente el problema: el mensaje queda contaminado por el mensajero.

Milicias, armas y líneas que no deberían cruzarse

La parte más incómoda del debate es la que roza el uso de la fuerza. Entre los que comparten el diagnóstico de abandono institucional, la opción de las milicias armadas no tiene defensa seria: no es legal, no funcionaría y sus consecuencias serían impredecibles. Eso no impide que aparezcan voces reclamando respuestas contundentes en la frontera, incluidas armas automáticas y declaración de guerra, en un tono que mezcla la frustración con la impotencia.

Lejos de los extremos, la posición mayoritaria parece ser la de exigir al Estado que recupere el control con los medios que ya tiene. Una marcha legal de ciudadanos a una ciudad española es un derecho; una patrulla paramilitar, no. Esa línea es la que separa una protesta legítima de un problema de orden público.

Ceuta y Melilla, un tablero que no es solo español

Conviene ampliar el foco. En el mismo intercambio se ha recordado que un informe del Congreso de Estados Unidos ha llegado a mencionar Ceuta y Melilla como ‘territorios de Jovenlandia’, y que el descendiente del primer ministro israelí ha sugerido a los ‘árabes y musulmanes’ que empiecen por esos enclaves si quieren liberar territorios ocupados. La presión sobre las ciudades autónomas no es un invento local: es una pieza más de un tablero geopolítico en el que España acumula décadas de gestos sin dientes.

La economía de la zona, mientras tanto, sigue pagando el pato. Con el comercio local cerrado y las dificultades de avituallamiento, el coste de la crisis no lo asumen los gobiernos: lo asumen los ceutíes. Y esa es, a la postre, la única certeza que sobrevive al ruido del ultimátum.

A la hora de cerrar esta crónica, el plazo de 24 horas sigue corriendo y nadie ha confirmado si la marcha se hará realidad. La historia reciente de gestos similares no invita al optimismo: la farsa, dicen algunos, duró apenas tres horas. Pero el malestar que la alimenta no se va a desinflar con un tuit. Cuando la política falla, la calle reclama; y la calle no suele entender de plazos.

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