La polémica cifra de 7.291 muertos en residencias madrileñas: ¿responsabilidad de Ayuso o del Gobierno central?
Una colaboradora de RTVE afirmó que Isabel Díaz Ayuso debería estar en la cárcel por ser responsable de 7.291 fallecimientos en residencias de mayores durante la pandemia. La declaración ha reabierto el debate sobre quién tuvo el mando en la gestión de estos centros durante el estado de alarma.
El protocolo de las residencias: ¿competencias autonómicas o estatales?
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el estado de alarma y estableció un mando único en manos del Gobierno central. Sin embargo, el artículo 6 del decreto precisaba que las comunidades autónomas mantenían la gestión ordinaria de los servicios sociales, incluida la coordinación de residencias. Una interpretación que enfrenta a quienes sostienen que Ayuso tenía capacidad de decisión para evitar muertes y a quienes apuntan al entonces vicepresidente Pablo Iglesias como responsable último.
La sentencia de Cáceres que exculpa a las comunidades
Un fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Cáceres determinó que la responsabilidad patrimonial por la gestión sanitaria de las residencias durante el estado de alarma recaía en el Estado central y no en las autonomías. La resolución, que exculpaba a una comunidad autónoma ante una reclamación de 159.110,87 euros, se ha convertido en un argumento clave para quienes defienden a Ayuso. No obstante, otras voces señalan que el protocolo madrileño de no derivar ancianos a hospitales fue una decisión autonómica que incrementó la mortalidad.
La cifra de 7.291: ¿exclusiva de Madrid?
Los datos apuntan a que la mortalidad en residencias fue elevada en toda España, pero Madrid concentró el mayor número absoluto de fallecidos. Quienes critican a Ayuso sostienen que su gobierno dictó órdenes para no saturar los hospitales, priorizando el cuidado en las propias residencias. Quienes la defienden recuerdan que el mando único del Gobierno central limitaba su margen de actuación y que otras comunidades con distinto signo político también registraron altas tasas.
¿Estaba Ayuso facultada para evitar esas muertes o el verdadero responsable fue el Ejecutivo de Sánchez? La respuesta sigue abierta sin que exista una resolución judicial firme que determine responsabilidades penales.
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