Pregunta: ¿Retroceso o pogreso del trabajo?

El debate sobre el futuro del trabajo se centra en si las políticas actuales impulsan la desregulación y recortan derechos, o si, por el contrario, fortalecen el empleo con garantías y mejoran la protección social.

el debate entre dos modelos

Parece que estamos en una encrucijada, ¿verdad? Por un lado, se plantea la idea de que la clave para la competitividad y para salir del agujero económico pasa por flexibilizar las normas del juego laboral, bajar salarios si hace falta y que las empresas tengan más manga ancha. Del otro lado, la cosa va de que el empleo tenga derechos, que la gente esté protegida y que las mejoras de productividad se repartan. Es un debate de fondo, que no es nuevo, pero que ahora mismo está muy vivo.

Las reformas de hace una década, impulsadas en plena crisis financiera, se basaron en la austeridad y en la creencia de que devaluar la moneda y abaratar los despidos era la única vía para reactivar la economía. Los números de entonces hablan por sí solos: entre 2008 y 2013, el Producto Interior Bruto (PIB) se dejó casi un 9% en el camino, y la tasa de paro se disparó hasta el 26,94% a principios de 2013. Fue un golpe duro, y las políticas aplicadas entonces, como la reforma laboral de 2012, cambiaron las reglas del juego. Se facilitó el despido, se debilitó la negociación colectiva y se recortaron las indemnizaciones.

La otra cara de la moneda se vio con la pandemia. Ante el shock de 2020, la respuesta fue diferente. En lugar de austeridad, se optó por acuerdos sociales para mantener el empleo, con figuras como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que protegieron a 3,6 millones de trabajadores. El PIB cayó un 10,8%, sí, pero la tasa de paro se quedó en el 16,1%, y la recuperación posterior se apoyó en los fondos europeos Next Generation.

propuestas que marcan el rumbo

Ahora, las propuestas sobre la mesa nos dan pistas de por dónde quieren ir algunos. Se habla de penalizar el absentismo laboral, sugiriendo que los trabajadores de baja cobren menos. Pero ojo, una baja médica la concede un profesional sanitario cuando una enfermedad te impide trabajar. El fraude existe, claro, y hay que perseguirlo, pero no se puede confundir con una baja legítima ni hacer que el enfermo pague el pato. El problema de fondo, muchas veces, está en la falta de medios en la sanidad pública.

También se pone sobre la mesa la llamada "mochila austríaca", que suena a cuentas individuales financiadas con parte de las cotizaciones sociales. Esto, en la práctica, podría significar un paso hacia la privatización de la protección social y una merma en los ingresos de la Seguridad Social.

En cuanto a la representación de los trabajadores, hay una propuesta para elevar de 50 a 250 el umbral de empleados para constituir un comité de empresa. Esto dejaría sin representación a miles de compañías y a millones de personas, perdiendo voz en temas cruciales como la prevención de riesgos, la igualdad o las condiciones de trabajo. La Constitución, en su artículo 129.2, ya habla de promover la participación de los trabajadores, y el Gobierno actual se ha comprometido a desarrollarlo.

Y sobre la jornada laboral, hay posturas encontradas. Por un lado, la idea de reducirla legalmente a 37,5 horas semanales, algo que permitiría repartir las mejoras de productividad derivadas de la tecnología. Por otro, la oposición a esta medida, y también a las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ha pasado de 735,90 euros mensuales en 2018 a 1.221 euros en 2026.

Finalmente, la "prioridad nacional" en el acceso a vivienda o servicios públicos, una idea que choca frontalmente con la igualdad de derechos y oportunidades, especialmente para las personas migrantes.

la senda de la recuperación y los derechos

La reforma laboral de 2012, que llegó después de otra en 2010 rechazada por los sindicatos, supuso un retroceso importante. Rompió el equilibrio en la negociación colectiva, dio más poder a las empresas, facilitó despidos y la inaplicación de convenios, y redujo la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado. A esto se sumaron recortes en la prestación por desempleo y en el empleo público.

El contexto de entonces era de diálogo social roto. En 2012, mientras la CEOE, CEPYME, CCOO y UGT firmaban un acuerdo para el empleo y la negociación colectiva basado en la flexibilidad y la moderación salarial, el Gobierno del PP impuso su reforma al margen. La respuesta fueron huelgas generales.

En materia de pensiones, la reforma de 2013, sin diálogo social, introdujo el Índice de Revalorización, desvinculando las pensiones del IPC y fijando un mínimo del 0,25%. Esto provocó pérdidas de poder adquisitivo. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social pasó de 66.815 millones de euros en 2012 a 8.095 millones en 2017.

A partir de 2018, con un cambio de Gobierno, se recuperó el diálogo social. Se aprobaron medidas como el trabajo a distancia, el registro de jornada, el derecho a la desconexión digital, la Ley Rider, y se derogó el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, recuperando la protección frente al despido por bajas médicas.

La reforma laboral de 2021, pactada con sindicatos y patronal, derogó los aspectos más lesivos de la de 2012. Impulsó la contratación indefinida, limitó la temporalidad y reforzó los convenios sectoriales. La temporalidad bajó del 25,5% en 2021 al 15,1% en 2026. En ese último trimestre, se alcanzaron cifras históricas de ocupación, con 22.779.000 personas empleadas y una tasa de paro del 9,87%.

Las reformas de pensiones de 2021 y 2023, acordadas en el diálogo social, recuperaron la revalorización con el IPC, mejoraron las pensiones mínimas y el Fondo de Reserva volvió a crecer, alcanzando 15.267 millones de euros en marzo de 2026.

Estas políticas demuestran que es posible crecer, crear empleo estable y reforzar la protección social. La competitividad no puede ser una excusa para la desregulación; la flexibilidad debe ser negociada y los beneficios, repartidos. El futuro del trabajo, marcado por la digitalización, la inteligencia artificial y las transiciones ecológica y energética, exige afrontar estos retos con empleo con derechos, igualdad y un Estado del bienestar reforzado. La incorporación de personas inmigrantes, además, es clave ante el reto demográfico y la falta de mano de obra.