Resumen de lo que está sucediendo en Georgia

La ley de agentes extranjeros de Georgia, entre protestas​

Georgia vuelve al primer plano con el guion de siempre: un proyecto de ley en trámite parlamentario, una calle que se le echa encima y la sombra de Moscú planeando sobre el texto. La llamada ley de agentes extranjeros pretendía obligar a los medios y a las organizaciones que reciben más del 20% de su financiación del exterior a registrarse y someterse a la supervisión del Ministerio de Justicia, con multas severas para quien no cumpliera. Las protestas fueron de tal calibre que, según la versión de uno de los participantes en el debate, la norma no saldrá adelante. El episodio deja a la vista la costura del país: un Ejecutivo que ganó las elecciones prometiendo Bruselas y una población que sospecha que cada dos pasos aparece Rusia.

Qué exigía la ley de agentes extranjeros de Georgia​

El texto fijaba un umbral nítido: toda organización financiada desde el exterior por encima del 20% debería inscribirse en un registro público y quedar bajo vigilancia del Ministerio de Justicia, con sanciones económicas para los que se resistieran. Los partidarios de la norma la vendían como un escudo contra la injerencia, y aquí aparece el argumento más repetido: Estados Unidos tiene una legislación equivalente y nadie le pone el grito en el cielo. La comparación sirve de coartada, aunque el detalle —quién vigila, con qué margen y bajo qué amenaza— cambia bastante de un país a otro. El bloque gobernante defendió la iniciativa; la calle respondió con protestas y, según uno de los participantes, el proyecto no saldrá adelante.

De las reformas de Saakashvili al «momento Yanukovich»​

Georgia arrancó su giro hacia Occidente en 2004, con Mikheil Saakashvili al frente y un programa de reformas pensado para acercar el país a la UE y a la OTAN. Cuatro años después llegó la guerra y, con ella, la pérdida de facto de Abjasia y Osetia del Sur. En 2012 ganó las elecciones Sueño Georgiano, una coalición heterogénea dirigida y financiada por el hombre más rico del país, Bidzina Ivanishvili, que llegó al poder con un discurso formalmente europeísta. Nadie sabía muy bien qué era aquello: una mezcla de un poco de todo, con la bandera de la integración europea como denominador común. Siete años más tarde, en 2019, el Gobierno se echó atrás en el acuerdo que debía dar el empujón definitivo a la candidatura europea. Hay quien bautizó aquello como el momento Yanukovich georgiano: amenazas, presión y un socio incómodo al otro lado de la frontera.

¿Por qué Georgia no entra en la Unión Europea?​

El mapa, dicen algunos, resuelve la pregunta: Georgia no está en Europa, y una unión europea con Georgia dentro dejaría de ser lo que su nombre indica. El argumento geográfico convive con otro de signo contrario: las alianzas políticas no entienden de coordenadas, la humanidad tiende al intercambio y las culturas cambian con el tiempo, así que impedir el acercamiento no tiene ningún sentido. A esto se suma el interés económico. Varias voces apuntan a que los productos georgianos encajan mejor en el mercado ruso que en el europeo, y que ese dato pesa más de lo que gusta reconocer en Bruselas. Lo que nadie discute es el precio que paga el país por quedarse en tierra de nadie.

El idioma como arma: el giro hacia Ucrania​

Se recuerda que Ucrania aprobó una ley de medios que prohibía los medios en ruso salvo que incluyeran traducción al ucraniano, mientras las lenguas de la UE quedaban exentas. Diez, quince o veinte millones de ucranianos tienen el ruso como lengua materna, y esa asimetría se usa como prueba de que la defensa del idioma estatal puede acabar convertida en otra cosa. La réplica es que leyes de protección lingüística existen en muchos sitios, incluidos los países bálticos, y que ninguna de ellas justifica una invasión ni un solo bombardeo sobre una capital. La polémica se enreda con Donbás y Kosovo, y ya no vuelve del todo a Georgia.

Las dos injerencias que se acusan mutuamente​

De un lado, la tesis que señala al Kremlin: Rusia, sostiene esta versión, plantó semillas en la coalición gobernante, sobornó a políticos para mantener el país en su órbita y hoy empuja leyes que la mayoría de la calle rechaza. Del otro, la tesis inversa: las protestas no nacen en Tiflis, sino en oficinas de organizaciones financiadas con dinero holandés y británico, y el descontento se canaliza en una revolución de colores al estilo de las que ya se han visto en la región. Se añade un detalle que alimenta la suspicacia: los diputados que abandonaron Sueño Georgiano conservaron su escaño. Ninguna de las dos versiones aguanta sola, y ambas se apoyan en lo mismo: dinero del exterior, banderas extranjeras y un país cansado de que le expliquen qué debe pensar.

Dónde se atasca el análisis​

Según uno de los participantes, la ley no saldrá adelante y ahí se acaba lo comprobable. Lo demás es una pelea sobre intenciones: si el giro georgiano responde a la voluntad de sus ciudadanos o a la presión de un vecino, si Washington financia la protesta o simplemente la aplaude, si un país tiene derecho a elegir con quién se alía o si esa elección es en realidad una trampa tendida desde fuera. Si el proyecto no sale adelante, el registro no llega a abrirse y las protestas se desinflan; por ahora, el asunto se queda sin sentencia y sin árbitro.