Comisarías en directo: la promesa que Podemos olvidó
Un juzgado de Vigo condenó a un policía nacional por golpear con la porra a una mujer embarazada. La sentencia no despertó gran interés mediático, pero ha vuelto a poner sobre la mesa una demanda incómoda: que las comisarías emitan en directo. La idea suena técnica, casi de gestor, pero toca el corazón del problema: la opacidad de las dependencias policiales y la posibilidad de que los agentes sean comprados o protegidos por el silencio.
Un caso que no se ve, un sistema que no se graba
La condena en Vigo es el ejemplo perfecto de lo que el streaming pretende evitar. Si las salas de interrogatorios y los calabozos tuvieran cámaras accesibles al público, el relato oficial de lo que ocurre dentro no dependería de la palabra de los agentes. Pero los escépticos tienen un argumento demoledor: “como si se fueran a dejar grabar”. La resistencia institucional a la transparencia es, precisamente, la prueba de que hace falta.
Hay quien defiende algo más: que los móviles de los políticos sean públicos, que las reuniones de gobierno y ayuntamientos nunca se celebren a puerta cerrada. “Y fin del circo”, rematan. La exigencia de publicidad radical choca con los códigos de la política real, donde casi todo se negocia fuera del acta.
La contradicción de Podemos
Uno de los giros más incómodos es recordar de dónde salió esta bandera. Fue Podemos quien, en la oposición, pedía retransmitir las comisarías y abrir las reuniones de los políticos. Cuando llegó al poder, la propuesta se esfumó. La conclusión que se impone no es solo contra Podemos: es contra cualquier partido que convierte la transparencia en arma arrojadiza hasta que toca aplicarla.
Del streaming a las armas: el derrape
La discusión no se queda en la videovigilancia. Una corriente más radical propone directamente armar a la ciudadanía tras anular nacionalidades concedidas en los últimos cuarenta años. Y un caso paralelo ha enturbiado la conversación: un hombre de 70 años con discapacidad, que mató a un agresor en defensa propia, está siendo interrogado por si actuó movido por odio. Para muchos, es la prueba de que el aparato prefiere perseguir al ciudadano que protegerse de los suyos.
El dato que descoloca: ni la condena de Vigo ni la investigación al jubilado han servido para que la promesa de transparencia avance un milímetro. Se piden cámaras, se ponen obstáculos, y al final el único streaming que funciona es el de la indignación.