Queremos echar a los forasteros pero no hacer el trabajo que hacen ellos

Queremos echar a los forasteros pero no hacer su trabajo​

La contradicción es de manual: una parte del electorado exige expulsar a los migrantes mientras sectores enteros de la economía española —invernaderos, hostelería, residencias de mayores— siguen funcionando gracias a esa mano de obra. El debate, abierto en un foro de economía, pone el foco en una pregunta incómoda: ¿quién recogería la cosecha si mañana no quedara un solo trabajador extranjero en Murcia?

El sector agrícola murciano se arruinaría sin los temporeros, según el planteamiento inicial. Se argumenta que ni con sueldos más altos habría españoles dispuestos a trabajar a 40 grados en un invernadero por 1.500 euros. Y si se suben los salarios, sube el coste del producto: vender fruta en Europa con un 30% más de coste es, dicen, inviable. La paradoja es que muchos empresarios agrícolas votan a quienes prometen expulsar a sus propios trabajadores.

¿Por qué no hay españoles en el campo?​

La respuesta más repetida en el debate es el salario. Se sostiene que si se ofrecieran 3.000 euros al mes, los jóvenes españoles harían cola para limpiar culos en residencias o cargar sacos de cemento. El contraargumento es que eso encarecería servicios y productos hasta niveles que el consumidor no está dispuesto a pagar: la cerveza a 6 euros o el menú del día a 30, como en otros países europeos.

Hay quien va más allá y señala que el problema no es la falta de brazos, sino la precariedad estructural del mercado laboral español. Se recuerda que hace décadas los camareros, jornaleros y limpiadores eran españoles. ¿Qué cambió? Según esta corriente, la llegada masiva de trabajadores dispuestos a aceptar condiciones que los locales rechazan, lo que hunde los salarios y expulsa a los nacionales.

La experiencia de la vendimia: cuando subir el jornal funcionó​

Un caso concreto que se cita: a mediados de los 90, en Castilla-La Mancha, los terratenientes de uva tuvieron que subir el jornal de 5.000 a 8.000 pesetas diarias ante la falta de mano de obra. La subida fue tan significativa que hubo gente que se pidió excedencia en su trabajo para ir a la vendimia. El experimento duró hasta finales de la década, cuando llegaron trabajadores migrantes dispuestos a cobrar menos. Los empresarios, encantados, dejaron de subir salarios.

Este episodio alimenta la tesis de que el problema no es la falta de españoles dispuestos a trabajar, sino la existencia de una reserva de mano de obra dispuesta a aceptar condiciones que los locales consideran indignas. La pregunta que sobrevuela es si esa reserva es la que sostiene el modelo productivo o la que impide mejorarlo.

El coste oculto: vivienda, servicios y salarios a la baja​

Otra línea de análisis apunta a los efectos macroeconómicos. Se afirma que la llegada masiva de trabajadores presiona la vivienda y los servicios públicos, mientras la renta per cápita cae y los salarios se estancan. La conclusión de este sector es que el modelo migratorio actual empobrece al conjunto, aunque mantenga el PIB nominal.

Frente a esto, se recuerda que la agricultura almeriense no nació con la inmigración: los invernaderos existen desde los años 60 y los bares desde mucho antes. Alguien los atendía entonces. La diferencia es que ahora se paga menos, en términos relativos, que hace décadas.

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La discusión no se cierra. Si el campo español necesita migrantes para no quebrar, y a la vez una parte del electorado exige expulsarlos, el equilibrio es inestable. La predicción, con reservas: o se suben los salarios hasta hacer atractivos esos puestos, con el consiguiente encarecimiento del producto, o se mantiene la dependencia de mano de obra extranjera. No hay tercera vía que cuadre.