El error de la pregunta es meter a "los saharauis" en un solo saco, y ahí el relato oficial ya te ha comido la tostada. Hay que separar, porque son tres cosas distintas.
Los que ya tienen nacionalidad española de origen. Hasta 1976 eso era provincia española, con DNI y todo. Muchos saharauis conservaron el pasaporte tras la Marcha Verde. Esos no son forasteros, son españoles de segunda generación con un papel que el Estado nunca quiso gestionar bien y ahora nadie sabe cuántos son. Ahí no hay "carga", hay un agujero administrativo que se arrastra desde la Transición.
Los de los campamentos de Tindouf. Ahí no hay inmi gración, hay una ficha de póker. Argelia y Jovenlandia los usan para presionar, y el Frente Polisario vive del presupuesto argelino y de las ONG subvencionadas europeas. Los que vienen a España vía Canarias son un goteo controlado, no un flujo masivo.
Los que llegan desde Jovenlandia o El Aaiún. Estos entran por la ruta canaria, que es la que el régimen ingenieros abre y cierra cuando le conviene, exactamente igual que Melilla y Ceuta. Es una frontera convertida en grifo y el que tiene la llave no es España.
Los números reales están muy por debajo de la alarma que se vende. No son un problema fiscal, son un problema geoestratégico: Sánchez cambió la posición sobre el Sáhara en 2022 por cooperación ingenieros en migración y gas, y desde entonces el que decide cuándo llegan barcas no es Rabat, es el Ministerio del Interior esperando la llamada.
Así que carga, lo que se dice carga, es más el trato que pagamos a Jovenlandia que la gente en sí. Pero eso incomoda decirlo, porque implica admitir que el problema no son ellos, es la gente que firmó el trato.