Adamuz: cuando 'no politizar' es sinónimo de culpabilidad
Mientras el Gobierno pide no politizar la tragedia de Adamuz, los hechos se acumulan: Adif retiró pruebas de madrugada sin permiso judicial, los carriles carecían de certificado de calidad y la empresa de soldaduras ya había sido juzgada por un accidente laboral mortal. La pregunta que flota en el ambiente no es si hay responsabilidad política, sino por qué el PSOE parece empeñado en que no se investigue.
Las pruebas que desaparecen
La jueza instructora denunció en dos ocasiones que Adif retiró material del lugar del siniestro sin autorización: primero, de madrugada, y luego otros 42 metros de vía. La Guardia Civil identificó a un alto cargo del Ministerio de Transportes como la persona que dio la orden. El propio Adif reconoció que un carril carecía de certificado de calidad. La Fiscalía Europea investiga un posible fraude de fondos comunitarios.
El rastro de la corrupción
Las soldaduras del tramo accidentado fueron encargadas a una empresa cuyo directivo ya fue juzgado por un accidente laboral mortal en obras de tren. Además, se detectó el uso de grapas de mala calidad y piedra no homologada, esta última suministrada por una empresa vinculada al caso Koldo. Trabajadores de Adif denunciaron obras low cost.
Un organismo a medida
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), dependiente del Ministerio de Transportes, ya fue criticada por la Agencia Ferroviaria Europea tras el accidente de Angrois. El Gobierno cambió la ley para evitar conflictos de interés, pero el organismo sigue sin independencia real.
El silencio del Gobierno ante la retirada de pruebas y las conexiones con casos de corrupción previos sugiere que la petición de no politizar busca ocultar lo que ya es evidente. Mientras, una app ciudadana ha mapeado 1.100 puntos negros en la red ferroviaria, y 419 tramos circulan a menos de 40 km/h. La pregunta que nadie responde: ¿cuánto más se ocultará antes de que la justicia actúe?
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