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El que borró los delitos…
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La ley de nietos, que facilita la nacionalidad a descendientes de españoles, se enfrenta a una suspensión cautelar del Tribunal Supremo, desatando críticas del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, quien la considera una vulneración del derecho al voto.
La ley, que permite a descendientes de españoles en el extranjero obtener la nacionalidad, ha generado un debate considerable, especialmente por su posible impacto en el censo de españoles residentes ausentes (CERA). El Tribunal Supremo, a petición de Iustitia Europa y Vox, ha suspendido cautelarmente los efectos de esta ley en el CERA. La argumentación del Supremo se centra en la necesidad de preservar la "transparencia del proceso electoral y la confianza de la ciudadanía en sus resultados", ante un "incremento extraordinario en el número de electores inscritos en el CERA". Se argumenta que este crecimiento podría afectar gravemente la objetividad y transparencia electoral, causando un daño irreversible. La resolución definitiva del Supremo sobre este asunto se espera después de las navidades, aunque los plazos se han acortado debido a la presentación de un recurso por vulneración de derechos fundamentales.
Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, ha expresado su desacuerdo con la decisión del Supremo. Según fuentes consultadas, Conde-Pumpido ha manifestado que la suspensión de la ley de nietos por parte del Supremo "vulnera el derecho fundamental al sufragio", es decir, el derecho a voto. Estas declaraciones se habrían producido antes de que el asunto llegara formalmente al Tribunal Constitucional, lo que ha generado acusaciones de parcialidad. Se señala que Conde-Pumpido podría tener que abstenerse en futuras deliberaciones sobre el tema, dada su postura públicamente expresada. Se considera que estas manifestaciones suponen una falta de respeto hacia el Constitucional y sus magistrados, y que podrían interpretarse como un intento de influir en decisiones futuras.
El escenario actual presenta varias vías para la resolución de este conflicto. Una opción es que el Tribunal Constitucional avale un recurso de amparo presentado por la Abogacía del Estado o la Fiscalía en nombre del Ejecutivo, una vez que el Supremo dicte su sentencia. En este caso, se solicitaría como medida cautelar que la ley de nietos siga vigente hasta la resolución definitiva del Constitucional. Otra vía, más rápida, implicaría que el Ejecutivo presente un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la suspensión cautelar del Supremo. En este recurso, se solicitaría la suspensión de la medida cautelar del Supremo, lo que permitiría que la ley de nietos siguiera aplicándose antes de que el propio Constitucional se pronuncie de fondo. La decisión final recaerá en el Tribunal Constitucional, que deberá sopesar el derecho al sufragio frente a la integridad del proceso electoral.
El que borró los delitos…
Pues si ya…
Conceder el derecho…
Este guasonazo no…
esta colocando por…
Obedecen a un…