PSOE y Sumar ignoran a los letrados y cuelan en la Ley de Educación legalizar la 'ley de nietos

PSOE y Sumar han calificado en la Comisión de Educación del Congreso una enmienda que los letrados de la Cámara consideran inconstitucional por no tener relación con la ley que modifica. El texto eleva a rango de ley la instrucción de Sofía Puente sobre la nacionalidad de exiliados y sus descendientes, paralizada cautelarmente por el Tribunal Supremo.

La Mesa de la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, con los votos de PSOE y Sumar, ha acordado calificar la enmienda 63, presentada por la formación de Yolanda Díaz. El objetivo es dar cobertura legal a la instrucción de Sofía Puente, paralizada cautelarmente por el Tribunal Supremo tras la denuncia de Iustitia Europea y la advertencia de la Junta Electoral Central. Esa instrucción extendía la nacionalidad española a los exiliados y a sus descendientes más allá de lo que recoge la Ley de Memoria Democrática. THE OBJECTIVE desveló que ambos socios de Gobierno intentaron colar esta enmienda intrusa sin el informe de los letrados.

El informe que la mayoría decidió no escuchar

Los letrados de la Cámara habían advertido de que la enmienda es inconstitucional porque no tiene nada que ver con la ley en la que ha sido insertada. En su informe, señalan que la enmienda 63 no tiene «el mínimo punto de conexión material que permita plantear alguna duda sobre la falta de homogeneidad entre el objeto del proyecto de ley y la literalidad y finalidad de la enmienda 63». El Partido Popular suspendió la primera reunión de la Mesa hasta que no tuvieran este informe. La siguiente convocatoria tuvo lugar el miércoles.

La enmienda modifica el apartado 1 de la Disposición Adicional 8.ª de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. Los letrados recuerdan que una sentencia del Tribunal Constitucional ha sentado doctrina sobre la conexión material entre las enmiendas y las iniciativas legislativas, que deriva del carácter subsidiario que toda enmienda debe tener respecto al texto enmendado. La maniobra consiste en elevar a rango de ley lo que hasta ahora era una instrucción administrativa.

Qué cambia para los descendientes de exiliados

El texto estipula que se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. La presunción no se limita a los motivos políticos. Podrán adquirir la nacionalidad los hijos nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. También los hijos de las personas cuya nacionalidad de origen fue reconocida en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley o en la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Histórica de 2007.

La instrucción de Puente extendía la nacionalidad no solo a los exiliados por la Guerra Civil, sino también a quienes abandonaron España por motivos económicos, familiares o académicos. Permitía concederla a hijos, nietos y bisnietos. El Tribunal Supremo la paralizó de forma cautelar, y ahora el Gobierno busca una vía legislativa para sortear ese obstáculo. Para los descendientes que ya han iniciado trámites, la incertidumbre legal se mantiene hasta que se resuelva el recorrido parlamentario.

El calendario hasta el pleno

Una vez calificadas las enmiendas, el 14 de octubre se reunirá la Mesa de la Comisión de Educación para votar las enmiendas. Después se votará el dictamen en la citada comisión y se remitirá al pleno. El resultado dependerá de la aritmética parlamentaria. La enmienda 63 seguirá su tramitación salvo que el informe de los letrados o un eventual recurso la detengan antes.

El asunto tiene implicaciones legales relevantes. Cualquier decisión sobre nacionalidad y residencia conviene consultarla con un abogado especializado.