El rescate de Plus Ultra y la imputación de Zapatero: las claves del caso que sacude al PSOE
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero está en el centro de una de las investigaciones judiciales más incómodas para el PSOE. La Audiencia Nacional lo sitúa como «núcleo decisor y estratégico» de una red de tráfico de influencias que habría cobrado por el rescate de la aerolínea Plus Ultra. El caso, sin embargo, no es un simple episodio de corrupción: combina sobrepesos de hasta 10 toneladas en vuelos, facturas falsas, sociedades offshore y una estructura accionarial que el Gobierno validó con datos que no eran ciertos.
Un rescate de 53 millones con el control en manos venezolanas
El Consejo de Ministros aprobó un rescate de 53 millones de euros para Plus Ultra, una aerolínea hispano-venezolana. La SEPI validó la operación con la premisa de que el control efectivo de la compañía estaba en manos españolas. Pero según las informaciones publicadas, el presidente de la aerolínea confesó ante el juez que el control real lo tenía el venezolano Rodolfo Reyes. Es decir, el rescate se habría aprobado sobre una estructura accionarial falseada. La pregunta que surge es cómo pudo pasar el filtro de Hacienda y Seguridad Social, que emitieron informes favorables.
Los indicios del juez: facturas falsas y un entramado de 40 sociedades
El auto del juez Calama, según ha trascendido, aporta múltiples indicios de que Zapatero ayudó a conseguir el rescate y de que cobró por ello. Los informes de la UDEF filtrados describen un entramado de casi 40 sociedades, algunas offshore, facturas «ad hoc» y pagos por trabajos fantasma. Los ex directivos de Plus Ultra habrían confirmado el pago de una «mordida» al expresidente. Además, el juez apunta a que las hijas de Zapatero dieron un uso personal a los fondos, con adquisiciones patrimoniales y cancelaciones anticipadas de préstamos. La Agencia Tributaria tardó 570 días en investigar a Zapatero, un dato que no pasa desapercibido.
La reacción del Gobierno: defensa en bloque y sospechas de obstrucción
Pedro Sánchez obligó a los ministros y dirigentes socialistas a salir en defensa de Zapatero antes de conocer el auto. No por elección, sino por puro instinto de supervivencia, según el análisis de El Debate. Mientras tanto, la investigación ha sufrido contratiempos: la SEPI eliminó documentos tras el comienzo de la investigación judicial, y el Ministerio del Interior disolvió la unidad que estaba investigando irregularidades en Plus Ultra, el equipo Ares. También se ha señalado que la trama trató de desactivar el caso en la Fiscalía, con la excusa de que la fiscal jefa era amiga. El comisario de Barajas en el «Delcygate» habría recibido gratificaciones del «Grupo Zapatero» por facilitar negocios ilícitos.
El contexto: narcotráfico, Barbate y la presión europea
El caso Plus Ultra se cruza con otro frente: la lucha contra el narcotráfico. Europa ha concluido que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «obstruyó» su investigación por la muerte de los guardias civiles de Barbate y exige recuperar la unidad especial contra el narco. Además, la Administración Trump investiga a Bono por vínculos con empresas relacionadas con el narcotráfico. Todo ello dibuja un escenario en el que el «narcosocialismo» se ha convertido en el término que resume la presunta connivencia entre el poder político y tramas ilícitas.
La imputación de Zapatero no es una sentencia. Pero el auto de la Audiencia Nacional, las confesiones de los directivos de Plus Ultra y la desaparición de documentos apuntan a que el caso tiene recorrido. Si el juez confirma los indicios, el PSOE tendrá que decidir si sigue protegiendo al expresidente o si lo deja caer. La historia, por ahora, sigue abierta.