¿Prohibir a las mujeres estudiar, trabajar fuera del hogar y votar (con excepciones)? ¿sí o no?

Prohibir a las mujeres estudiar, trabajar y votar: el pulso​

Un planteamiento que en España sonaría a provocación de tertulia se ha convertido en el eje de una discusión que sigue viva. La propuesta es literal: retirar a las mujeres el acceso a la educación superior, al mercado laboral fuera del hogar y al voto, con excepciones por méritos extraordinarios o para determinados tipos de trabajo. No es una encuesta inocente. Es una tesis sobre cómo debe organizarse una sociedad, y ha encontrado defensores y detractores con argumentos que van del derecho laboral a la demografía.

Lo primero que llama la atención es que la mayoría de quienes responden rechazan la idea, pero no por las razones que cabría esperar. El rechazo no viene de un entusiasmo igualitario, sino de la constatación de que el escenario ya existe en otros países y de que su traslado a España no depende de un decreto, sino de décadas de cambio social. La discusión deriva rápido hacia el mercado de trabajo, la fiscalidad y el papel del Estado, que es donde el asunto deja de ser una provocación y se convierte en economía.

Quién paga impuestos y quién vota​

El argumento más repetido en el lado favorable a restringir el voto no tiene que ver con el sexo, sino con la contribución neta al erario. Se sostiene que quien no paga en impuestos más de lo que recibe, o no es reclutable, no debería votar. Bajo ese criterio, el corte se amplía: funcionarios, pensionistas, políticos y perceptores de prestaciones públicas quedarían fuera del censo, independientemente de su género. Es una tesis vieja —el sufragio censitario— envuelta en lenguaje fiscal contemporáneo.

Enfrente, el argumento económico más citado es el de la incorporación femenina al mercado laboral. Se recuerda que las mujeres han superado a los hombres en madurez y capacidad de trabajo en las etapas educativas, y que en el empleo funcionan como maquinaria mientras no se aburren. La conclusión que extraen algunos es que expulsarlas del trabajo sería un lujo que ninguna economía con problemas de productividad puede permitirse. El PIB no entiende de moral, y menos cuando la demografía aprieta.

El espejo demográfico y el relevo de población​

La parte más incómoda del debate es la que conecta la propuesta con la evolución demográfica. Hay quien sostiene que la sociedad camina hacia ese modelo por simple sustitución de población, sin necesidad de aprobar ninguna ley: cuando se extingan los genes que sostienen el orden social actual, la mujer volverá al lugar que le corresponde. El pronóstico incluye una advertencia: será una sociedad más pobre, insegura y atrasada tecnológicamente, pero con relaciones entre sexos más sanas.

La réplica llega desde el propio terreno demográfico. Se argumenta que, si la población de origen musulmán se convierte en mayoría, las mujeres no saldrán de la cocina, y que el escenario soñado por los partidarios de la restricción no es el que ellos imaginan. La discusión se enreda entonces en comparaciones con Afganistán y con países donde las mujeres no tienen voto ni acceso a la vida pública, y en la pregunta de si España puede convertirse en uno de ellos. El futuro, como siempre, lo decide quien tiene más hijos.

Educación, adoctrinamiento y el papel de la escuela​

Uno de los puntos donde el debate se vuelve más concreto es el educativo. Se plantea que la formación de las nuevas generaciones es cuestión de tiempo: dada la naturaleza gregaria de las mujeres, en media generación se puede reorientar lo que aprenden. La respuesta es que ese adoctrinamiento ya no funciona porque se ha perdido el temor religioso que sostenía el modelo anterior, y que las mujeres que fueron solo amas de casa hicieron la vida miserable a sus maridos en un porcentaje altísimo.

Aparece aquí una distinción que conviene retener: cuando se habla de retirar la educación a las mujeres, se aclara que se refiere a más allá de los 14 o 16 años. Las cuatro reglas sí podrían aprenderlas. Es la misma lógica que separa la formación básica de la universidad, y que en la práctica dejaría a las mujeres fuera de las profesiones cualificadas. La escuela como filtro de clase, no solo de género.

Los trabajos que nadie quiere hacer​

El argumento laboral más pragmático es el de los sectores que dependen de mano de obra femenina. Se sostiene que hay muchos trabajos que los hombres no van a hacer, y que bastaría con retirar prestaciones y privilegios para que los hombres arrasaran en el mercado laboral. La objeción es obvia: si se expulsa a las mujeres de enfermería, cuidados y enseñanza, alguien tendrá que cubrir esos puestos, y no está claro que haya candidatos.

La propuesta alternativa que circula no es prohibir, sino reformar: eliminar el feminismo institucional, favorecer las familias numerosas, establecer la custodia compartida en los divorcios y fomentar el empleo masculino en áreas feminizadas. Es un programa distinto, más cercano a la política familiar que a la prohibición, y revela que dentro del propio campo crítico hay quien considera la propuesta original un brindis al sol. Menos decreto y más incentivo.

El frente que rechaza la pregunta de plano​

No todo el mundo entra a discutir los detalles. Una parte de las respuestas rechaza la premisa con dureza: la propuesta se califica de barbaridad, se niega que sea una troleada aceptable y se recuerda que esto es Europa. Otras respuestas señalan directamente a quienes defienden el planteamiento y les atribuyen un perfil concreto: generaciones que habrían idealizado a las mujeres por falta de experiencia y exceso de consumo de pornografía. El diagnóstico es psicológico, no político.

Hay también quien introduce el factor de la orientación sexual para desmontar el argumento. Si el rechazo a las mujeres viniera de la falta de éxito con ellas, la lógica no se sostendría en quien no está interesado en ellas. La respuesta es que el problema no es de deseo, sino de orden social. La discusión se convierte en un ajuste de cuentas generacional que desborda el tema original.

Lo que el dato no resuelve​

El balance es el de siempre en estos debates: mucha tesis y pocos números. Se citan comparaciones con países donde las mujeres no votan ni trabajan, se menciona el reclutamiento femenino en Israel o la antigua URSS en roles de bajo riesgo, y se recuerda que el papel lo aguanta todo hasta que pintan bastos. Pero nadie aporta una estimación del coste económico de excluir a la mitad de la población del mercado laboral.

La pregunta que queda flotando no es si la propuesta es deseable, sino si es viable. Y la respuesta que da el propio material es que no depende de ninguna ley, sino de quién tenga más hijos en las próximas décadas. La demografía no vota, pero decide. ¿Alguien se atreve a calcular cuánto PIB se pierde en el intento?