El pulso entre inquilino y casero: cuando la fianza no está depositada y el contrato es ilegal
En Cataluña, es ilegal no depositar la fianza en el organismo correspondiente. En un caso real, un inquilino con un contrato por habitaciones de 1 año y 3 meses descubre que su casera no ha depositado la fianza, no ha exigido DNI ni NIE, y probablemente no declara los ingresos. Ante la decisión de irse antes de finalizar el contrato por la mala convivencia, se enfrenta a la amenaza de perder la fianza y a acusaciones de desperfectos. La mayoría de análisis apuntan a una misma salida: no pagar el último mes y dar la fianza por perdida.
El marco legal: LAU versus código civil
El alquiler por habitaciones no siempre entra dentro de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Cuando el contrato es para vivienda habitual, aunque sea por habitaciones, se aplica la LAU, que exige depositar la fianza en el organismo autonómico. En este caso, la casera no lo ha hecho, lo que ya es una infracción. Además, el contrato se firmó con pasaporte extranjero, no con NIE o DNI, lo que añade otra capa de ilegalidad. Como resultado, cualquier demanda por impago sería difícil de sostener para la propietaria, ya que ella misma vulnera la normativa.
La estrategia mayoritaria: no pagar y desaparecer
La postura dominante entre los analistas es clara: el inquilino debe dar por perdida la fianza y no abonar la última mensualidad. Los argumentos se apoyan en la nula disposición de la casera a denunciar, pues hacerlo le costaría unos 2.500€ en tasas y abogados, y además destaparía sus irregularidades fiscales. Incluso se sugiere denunciarla ante Hacienda de forma anónima, con el contrato como prueba. El inquilino siguió parcialmente este consejo: encontró un sustituto, pero aun así la casera le acusó de daños inexistentes. Finalmente, abandonó la vivienda sin pagar septiembre.
Los riesgos menores: listas de morosos y represalias
Una minoría advierte de que no pagar puede llevar a que la casera inscriba al inquilino en ficheros de morosos, como ASNEF. Sin embargo, para ello necesita un título ejecutivo, que difícilmente obtendrá sin un contrato legal. Otro riesgo es que la casera cambie la cerradura o tire las pertenencias, pero eso constituiría un delito penal. En la práctica, la asimetría de poder juega a favor del inquilino: la casera tiene más que perder si acude a los tribunales.
La asignatura pendiente: fiscalidad y justicia
El caso deja preguntas incómodas: ¿cuántos alquileres por habitaciones se mueven en negro? La generalización de contratos sin fianza depositada y sin declarar es un síntoma de un mercado inmobiliario desregulado. La denuncia anónima a Hacienda se perfila como la única vía de justicia para el inquilino, que al menos puede asegurarse de que la propietaria pague por sus incumplimientos. Al final, el debate no resuelve la pregunta de fondo: si el sistema no protege a los inquilinos, la autotutela se convierte en la norma.
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