Por qué shishi en este foro de guano se blanquea la represión franquista de guerra y posguerra?

Represión franquista: el 5% de inocentes que niega el 95%​

Un soldado republicano andaluz atravesó España combatiendo hasta Valencia. Terminada la guerra, pasó cinco años en prisión cumpliendo trabajos forzados antes de ser amnistiado. Murió en democracia, de cáncer. Lo cuenta un familiar suyo, y su caso es una de las piezas de una controversia que España no acaba de cerrar: qué proporción de los fusilados de guerra y posguerra tenía las manos manchadas de sangre y cuántos eran solo sospechosos por sus ideas. La respuesta, hoy, es todo menos pacífica.

El 95% de los ejecutados: la tesis que divide la memoria histórica​

Una de las versiones con más recorrido sostiene que al menos el 95% de los 15.000 ejecutados tenían delitos de sangre —autores materiales o inductores directos—, y que el 5% restante eran sus jefes. Quienes la defienden aseguran que, sin crímenes, la pena se conmutaba y el reo volvía a la calle en pocos años, fuera autoridad política, mando del Ejército Popular o comisario. Como prueba se citan testimonios familiares: un brigadista internacional condenado a muerte cuya pena se conmutó, o un comunista que se fugó, fue recapturado y acabó libre sin ser fusilado. Uno de los participantes lo resume así: si a un familiar lo fusilaron tras la guerra, seguramente era de la peor calaña.

Frente a eso, la objeción es igual de tajante. No es que esos casos concretos no existieran; es que se ha construido un relato para blanquear. En la posguerra, sostienen los críticos, se fusiló a gente inocente solo por ser «miembro de» o «con ideas de», y el fenómeno se reduce a anécdota para no levantar las alfombras. El problema, admiten unos y otros, es que no hay censo que zanje la disputa: las cifras se manejan como munición, no como dato.

¿Se blanquea también la represión republicana?​

La respuesta que da una parte del análisis es que sí, o al menos que se menciona mucho menos. Se argumenta que la represión del bando republicano durante la República y la guerra —asesinatos, quemas de iglesias y conventos, saqueos— apenas aparece en los medios, mientras la franquista se repite sin descanso. Se habla incluso de una «ley de memoria selectiva» y se reclama que la condena se extienda a los crímenes de los dos bandos. La réplica del otro lado también es conocida: un régimen nacido de un golpe y sostenido durante cuatro décadas no puede medirse con el mismo rasero que una República en guerra.

Entre medias emerge un argumento incómodo para todos: que ambos bandos cometieron barbaridades, que en la preguerra hubo salvajadas por los dos lados y que en la posguerra el castigo recayó sobre quien tenía las manos manchadas. Otros replican que equiparar a vencedores y vencidos es, precisamente, la operación que permite no mirar dónde se enterró a quién.

El debate se muda a los archivos: Sanjurjo, Beigbeder y Berlín​

En el tramo más técnico, la discusión abandona el titular y entra en los papeles. El asunto: si hubo contactos entre los conspiradores españoles y la Alemania nazi antes del golpe. Sobre José Antonio Primo de Rivera, la referencia citada es una ponencia de 1986 del historiador alemán Walther L. Bernecker, según la cual el fundador de Falange aseguró haber estado una sola vez en Berlín, en mayo de 1934. Del general Sanjurjo sí se rastrean viajes a la capital alemana tras el triunfo de la izquierda en 1936, en plena preparación de la sublevación, mencionados en una noticia del Pravda y en una carta del carlista Ricardo Serrador.

El detalle que enreda la pesquisa: no aparece rastro de esas visitas en las actas diplomáticas alemanas. La explicación que se da desde un lado es que no hubo misión oficial, sino gestión secreta —con el almirante Canaris como interlocutor—, y que las SS destruyeron buena parte de los archivos de la Abwehr y el diario personal de Canaris. Desde el otro lado se responde que la ausencia de rastro documental, en un fondo que conserva multitud de papeles, no es una prueba: es, como mucho, una hipótesis. Y así se queda.

Las familias, las cunetas y el recuento pendiente​

Debajo de las estadísticas hay biografías. Están los que recuerdan a un brigadista al que se le conmutó la pena, y los que reclaman que los olvidados en cunetas y fosas «salgan a la luz por mera cuestión de recuperación histórica». No falta quien reprocha que ni el régimen anterior ni los gobiernos posteriores hicieron lo suficiente por exhumar a sus muertos, y quien exige que ese esfuerzo se aplique a las víctimas de los dos bandos, con pruebas de ADN y entierros dignos. El reproche que se repite: casi medio siglo después, la tarea sigue a medias.

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Con 15.000 ejecutados contabilizados y una horquilla que va del 95% al 5% de culpables según quién haga la cuenta, el desacuerdo no es sobre cuántos murieron, sino sobre por qué. Ese, y no otro, es el nudo que sigue abierto.