Las quemas controladas no se generalizan: entre la burocracia y la sospecha
Hasta hace unas décadas, era práctica común quemar franjas de monte de forma controlada para crear cortafuegos naturales. Se soltaba ganado para que pastara, se limpiaban caminos y se gestionaba el sotobosque. Pero hoy, aplicar esas técnicas tradicionales se ha vuelto políticamente incorrecto. ¿Por qué no se quema todo el monte estratégicamente para evitar catástrofes?
Las razones son variadas. Por un lado, la burocracia: las quemas controladas requieren permisos, seguros y un despliegue de medios que disuaden a propietarios y ayuntamientos. Además, el riesgo de que una quema se descontrole siempre está presente, y las responsabilidades legales son enormes. Pero hay un factor menos visible: la sospecha de especulación. Se ha señalado que algunos incendios podrían ser provocados para recalificar terrenos quemados como zonas catastróficas y obtener plusvalías años después. Este argumento, aunque no probado, alimenta la desconfianza hacia cualquier fuego intencionado, incluso el controlado.
Por otro lado, el debate se ha polarizado. Quienes defienden las técnicas de gestión forestal tradicional, como las quemas prescritas, son acusados de estar contra la Agenda 2030 o de ser «extrema derecha». Mientras tanto, la acumulación de biomasa en los montes crea un pole que cada verano se cobra hectáreas y, a veces, vidas. La solución intermedia —quemas controladas avaladas por técnicos— choca contra un muro ideológico y administrativo.
La pregunta que queda en el aire es si la sociedad está dispuesta a recuperar herramientas ancestrales adaptadas a la normativa actual, o si prefiere seguir arriesgando megaincendios mientras se discute sobre siglas políticas.