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La regularización exprés que la patronal pide y la banca aplaude​

La petición de las patronales para agilizar la regularización extraordinaria de migrantes no es un gesto solidario: es una operación de mercado con números encima de la mesa. La patronal asegura que hay 150.000 empleos vacantes que los trabajadores españoles no cubren, y los empresarios de Ciudad Real insisten en que necesitan abrir la puerta a la inmigración. La banca lo ve más claro aún: Ana Botín, presidenta de Santander, valora la regularización con una frase que ha hecho fortuna: «Más población, más clientes». En otras palabras, 50.000 nuevos clientes potenciales en Ceuta, celebrados como si fueran un botín.

La lectura económica del asunto, sin embargo, admite otra vuelta. Quienes se oponen al marco «solidario» sostienen que lo que se busca es mano de obra sin derechos, sin convenio y sin capacidad de negociación, dispuesta a trabajar por un cuenco de arroz y a dormir en literas. El mismo análisis apunta que los empresarios que dicen no encontrar trabajadores es que no los encuentran al precio que quieren pagar. En esa versión, la regularización no expande el mercado laboral: lo precariza. Y el coste, se argumenta, recae sobre el conjunto de la sociedad mientras el beneficio se concentra en unos pocos.

La tensión entre ambas lecturas no es menor. Si la «regularización exprés» sale adelante, la cuestión de los salarios, los alquileres y las condiciones de trabajo dejará de ser un asunto de fronteras para convertirse en una discusión doméstica. La predicción se escribe en condicional: la patronal conseguirá agilidad administrativa, pero la factura social acabará apareciendo en la letra pequeña de los alquileres y las nóminas.