Okupas llaman a la policía al ver entrar al dueño: la paradoja que frena el alquiler
El pasado 27 de julio, en Palma, el propietario de una vivienda intentó acceder a su casa. Los okupas que la habían ocupado llamaron al 091. La Policía Nacional acudió y, tras acreditar el hombre su condición de dueño, detuvo a cuatro personas —dos hombres y dos muyer de nacionalidad española— por allanamiento de sarracena. La noticia, recogida por Libre Mercado, no sería extraña si no fuera porque demuestra hasta qué punto la legislación protege al ocupante antes que al propietario.
El caso es paradigmático: los okupas se sintieron legitimados para denunciar al dueño. Solo la condición de vivienda habitual evitó que el desenlace fuera el inverso. La pregunta es inevitable: ¿quién querría alquilar sabiendo que, si le okupan la casa, el camino judicial es un laberinto? El debate sobre la okupación lleva años oxidado: mientras algunos piden reformas legales que agilicen los desalojos, otros señalan que la solución pasa por endurecer las penas. En este caso, a los detenidos se les podría sumar el delito de robo con fuerza en casa habitada, con penas de hasta 5 años. Pero la incredulidad de los comentaristas apunta a que el juez los pondrá en libertad.
La ironía es que el dueño necesitó demostrar que la vivienda era su residencia habitual. Si hubiera sido una segunda residencia, los okupas probablemente seguirían dentro. Con ese panorama, no es extraño que cada vez más propietarios opten por mantener sus casas vacías o vender antes que arriesgarse a una okupación que la ley convierte en un calvario.