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La idea de que existe un plan para "sustituir" a los trabajadores españoles mediante migración no tiene ningún respaldo demográfico ni documental. Lo que sí existe es un uso político de ese temor para justificar recortes laborales.

La teoría del llamado "genocidio de sustitución" sostiene que existe un plan deliberado para reemplazar a la población autóctona por migrantes. No hay ningún documento, ley ni declaración oficial que respalde esa idea. España tenía 48,6 millones de habitantes a 1 de enero de 2024, según el INE, y el saldo migratorio explica buena parte del crecimiento, pero eso no equivale a un plan de reemplazo.

Qué dice la demografía frente al relato del reemplazo

Los flujos migratorios responden a factores económicos, geopolíticos y familiares. Ningún gobierno español ha aprobado un programa de sustitución poblacional. La expresión "genocidio de sustitución" circula en foros internacionales desde hace años y no ha sido validada por ninguna institución académica ni organismo oficial.

Atribuir a un plan oculto lo que es un fenómeno migratorio complejo desvía la atención de las causas reales. La llegada de trabajadores de otros países se ha producido en sectores como la agricultura, la hostelería o los cuidados, donde las condiciones laborales llevan años deteriorándose.

El salario mínimo y la baja médica como objetivos

El mensaje que originó este debate afirma que la derecha pretende recortar la prestación por desempleo, dificultar las bajas médicas y eliminar el Salario Mínimo Interprofesional. El SMI existe en España desde 1980 y su cuantía para 2024 es de 1.134 euros al mes en 14 pagas, fijada por real decreto.

La patronal CEOE, presidida por Antonio Garamendi, ha cuestionado en varias ocasiones las subidas del SMI y ha pedido moderación en los costes laborales. Eso es un hecho verificable. Otra cosa es que exista un plan para eliminarlo, algo que ninguna fuerza política con representación parlamentaria ha incluido en su programa.

Contrataciones en origen y condiciones laborales

La figura de la contratación en origen permite traer trabajadores extranjeros para cubrir puestos concretos, generalmente temporales. Está regulada y ha existido con gobiernos de distinto signo. No es una herramienta diseñada para "sustituir" a trabajadores españoles, sino para cubrir vacantes que las empresas no logran llenar en determinadas campañas.

Que esas contrataciones puedan usarse para precarizar condiciones es una preocupación legítima. Pero presentarlo como parte de un plan racial convierte un problema laboral en una teoría conspirativa sin pruebas. Y mientras tanto, el debate real sobre salarios y derechos se queda en segundo plano.