Por qué la policía ha perdido el respeto de una parte de la ciudadanía
Dos años de restricciones por la pandemia dejaron una grieta que no se ha cerrado. A quien pregunte por qué una parte de la ciudadanía ha pasado del respeto al rechazo hacia los cuerpos de seguridad, la respuesta más repetida no es ideológica sino cotidiana: la única vez que se cruzan con un agente es para recibir una sanción o perder media hora en un control. Se argumenta que esa erosión no nació con el covid, pero que el covid la aceleró.
Multas, ITV y controles de carretera: el roce que alimenta el rechazo
La primera queja es de fricción pura. Un control de tráfico, una revisión de la ITV, una denuncia por algo menor. «Caballero, sus faros me parece que deslumbran, deme los papeles del vehículo», resume un mensaje el guion que muchos dicen haber vivido. No hay ahí debate sobre seguridad: hay papeleo, prisa y la sensación de estar siendo examinado por si acaso.
El catálogo incluye lo anecdótico y lo absurdo. Se relata una multa por dormir en el bosque que, según quien la cuenta, añadía una acusación de dañar la fauna con
cuatro espárragos y cuatro setas. Otro testimonio sostiene que se persigue con más celo a quien pasea un perro sin bozal que a quien roba una bicicleta. Son casos individuales, sin verificación alguna, pero funcionan como combustible: cada uno refuerza el relato de que el aparato sancionador mira hacia el ciudadano corriente y no hacia el delito.
¿Por qué se percibe a la policía como un recaudador antes que como un protector?
Porque, según el relato dominante, la actividad visible del agente se mide en denuncias. Un mensaje asegura que existe un
cupo mensual de multas; otro añade que la prioridad es intimidar y sancionar cualquier cosa. La existencia del cupo no está acreditada por ningún documento y conviene tratarla como lo que es: una creencia extendida que, repetida, erosiona más que cualquier estadística.
A eso se suma el conflicto salarial. Varios mensajes critican que se reclamen subidas anuales mientras el sueldo del contribuyente lleva, dicen,
diez años congelado, con el lema de la equiparación salarial como bandera. Lo llamativo es el encuadre: no se discute si la retribución es justa, se discute quién paga.
Nosotros os pagamos, resume la idea.
Doble rasero: los controles que no llegan a determinadas zonas
Aquí el tono sube. Un residente describe dos zonas de su municipio donde, asegura, en
veinte años no ha visto un solo control policial ni un coche patrulla. En paralelo, dice, se han multiplicado los operativos con armas largas en otras áreas, con malos modos y chulería. Es el testimonio aislado de una persona, no un dato oficial, y debe leerse como tal; su valor está en que resume una sospecha muy extendida: que la presión policial no se reparte según el delito sino según el barrio.
La pandemia como punto de inflexión
Varios relatos sitúan el cambio en los dos últimos años. Personas que dicen haber defendido siempre al cuerpo hablan de momentos complicados durante las restricciones. La crítica más dura no va al agente de a pie, sino a la cadena de mando: se sostiene que el cuerpo no aplica leyes sino órdenes, y se cita, sin enlace ni referencia, un supuesto vídeo de un alto cargo de la
Guardia Civil afirmando que la tarea del instituto no es detener delincuentes, sino rebajar la crítica al gobierno. La afirmación circula sin respaldo verificable; se recoge como muestra de hasta dónde llega la desconfianza, nunca como hecho.
El sueldo, la vocación y el espejo militar
La defensa del cuerpo existe, y suele venir con matices. «Tengo motivos para sentir animadversión hacia la policía, que no odiarla», cuenta quien recuerda que la profesión es noble y que tiene familiares dentro. Otros subrayan que mucha gente llegó por condiciones laborales, no por vocación: exelectricistas, ópticos, opositores reciclados. Una estimación lanzada al aire sostiene que solo
uno de cada diez agentes es vocacional. No hay forma de comprobarlo.
El argumento que más incomoda a los críticos es el del respeto. Una intervención pide aprender de los militares, «más humildes y educados», y recuerda que el sueldo lo pagan los ciudadanos. La respuesta llega rápido: también hay quien sostiene que la mayoría son abusones de instituto reciclados en uniforme, y quien responde que son precisamente víctimas de aquellos abusones que acabaron en la oposición por falta de alternativas. Dos retratos opuestos, ninguno demostrable.
Dónde se atasca la discusión
Hay dos lecturas que no se tocan. Una ve un problema estructural: un cuerpo que protege al poder de los ciudadanos y que arrastra ese papel desde mucho antes de la democracia, con la comparación con la
Guardia de Asalto de 1936 como referencia recurrente. La otra ve una profesión útil y maltratada, con una minoría de abusos que la propia institución debería corregir.
No hay cifra que zanje el asunto. Los mismos controles que para unos son protección son para otros una factura. Y ahí sigue el desencuentro, sin árbitro a la vista.