NOTICIA: Policía Nacional y Guardia Civil MONITORIZAN las RRSS en busca de discursos de repruebo tras la oleada turística en Ceuta y Melilla

La monitorización del odio en redes: el nuevo agujero del presupuesto de Interior

Que la Policía Nacional y la Guardia Civil dediquen recursos a vigilar comentarios en redes sociales es, cuanto menos, discutible. Que lo anuncien mientras la frontera de Ceuta y Melilla registra una de las mayores oleadas migratorias en años convierte la decisión en un flanco político abierto. La fuente, además, no es de las más fiables: la noticia se atribuye a un medio digital sin contraste previo. Aun así, la cuestión de fondo queda en pie: ¿son los discursos de odio una prioridad de seguridad nacional o un gasto suntuario?

Las cifras que circulan sobre el cruce de personas desbordan cualquier registro: se habla de 50.000, de 60.000, incluso de 100.000 en un solo día. Ninguna cifra oficial ha sido confirmada, pero la sensación de abandono en la defensa de la frontera es compartida incluso entre quienes defienden la labor policial. En este contexto, la decisión de "monitorizar las redes" suena a cortina de humo: los recursos destinados a perseguir un tuit con calificativos hirientes se comparan con la falta de medios para impedir que la valla se cruce con tanta facilidad.

La 'app del HODIO' y el coste de la vigilancia digital

La discusión pública ha bautizado el sistema de monitorización como la "app del HODIO", una ironía que resume el escepticismo general. Detrás está la pregunta de siempre: ¿quién paga esto y a quién se adjudica el contrato? Circula que los agentes cobran unos 3.000 euros netos en 14 pagas con un cuerpo y titulación de C1. El contraste es inmediato: el mismo colectivo que no pudo contener la entrada masiva en Ceuta es el que supuestamente se dedica a analizar tuits. Los cálculos sobre el coste de un sistema de escucha digital son opacos, y la única certeza es que no sale gratis.

El precedente Girona: 15 meses de cárcel por una foto

Una de las referencias que más recorrido tiene en el análisis es el caso de Girona, en septiembre de 2007, durante una visita de los Reyes. Dos personas quemaron una fotografía de los monarcas y fueron condenadas por injurias a la Corona. La pena: 15 meses de prisión. El episodio se utiliza ahora para alertar de la deriva punitiva que algunos ven en la vigilancia de la opinión. La ley de protección de la Corona sigue vigente, y el miedo a que la monitorización derive en procesos judiciales por expresiones hiperbólicas no es del todo infundado.

¿Censura encubierta o defensa de la convivencia?

Las posturas se dividen. Por un lado, una corriente sostiene que perseguir discursos de odio en redes es necesario para prevenir delitos y proteger a colectivos vulnerables. Por otro, hay quien considera que se trata de una forma de censura encubierta que, además, desvía recursos de la seguridad física de las fronteras. La discusión se tensa cuando se pone sobre la mesa el papel de Marruecos en la crisis migratoria: la gestión de la valla y la cooperación diplomática pasan a primer plano, mientras que la vigilancia de redes se ve como una medida cosmética.

Queda la sensación de que el aparato de seguridad prioriza lo que es fácil de fiscalizar (las palabras) sobre lo que es difícil de resolver (las fronteras). La noticia, probablemente, se quedará en agua de borrajas o se convertirá en una nueva partida presupuestaria sin control. Por ahora, la única certeza es que la discusión pública ha puesto en la agenda una pregunta incómoda: ¿en qué gasta Interior el dinero de todos?