Podemos lanzando bulos: "la okupación se percibe como un problema masivo pero solo afecta al 0,0005% de la población"

El 0,0005% de Podemos: la cifra que no cuadra​

La okupación no es un problema masivo. Lo dice Podemos, que ha cifrado su impacto en el 0,0005% de la población. El cálculo, sin embargo, no se sostiene: si se aplica ese porcentaje a los 50 millones de habitantes, el resultado son 250 personas afectadas en toda España. Una cifra que, puesta en contexto, resulta difícil de defender. El partido atribuye la percepción del problema a los medios de comunicación y a figuras como Ana Rosa Quintana, a quienes acusa de proteger a los rentistas y extender bulos sobre la vivienda.

¿Qué significa realmente el 0,0005% de okupación?​

El dato, tal como se presenta, mezcla dos magnitudes que no son comparables. El numerador son los casos de okupación; el denominador, la población total. Un ejercicio que, según un análisis que circula en el debate, manipula la estadística: lo correcto sería usar como referencia el número de viviendas en alquiler o el parque de viviendas no habituales. Con ese ajuste, el porcentaje se dispara.

La discusión derivó pronto hacia la distinción entre okupación e inquiokupación. La primera afecta a viviendas vacías; la segunda, a propietarios que ven cómo un inquilino deja de pagar durante años sin que puedan recuperar su inmueble. Un participante asegura conocer a media docena de personas en su entorno cercano con inquiokupas, y añade que quien consiguió echarles nunca volvió a alquilar. Otro afirma que sus padres llevan tres años con una inquiokupa. La cifra de 250 afectados, en ese contexto, se antoja insuficiente.

La comparación con otros delitos y el efecto en el mercado​

El argumento de que un delito con pocas víctimas no merece atención legislativa se vuelve contra quien lo usa. En España se registraron 24 mujeres asesinadas por violencia de género en un año, lo que supone un 0,000049% de la población. La tasa de homicidios no llega al 0,0007%. Nadie propone eliminar esos delitos del Código Penal por su baja incidencia. Aplicar la misma lógica a la okupación llevaría a despenalizar media docena de figuras.

El impacto económico tampoco se mide solo en número de afectados directos. Un propietario que renuncia a alquilar su vivienda por miedo a la ocupación reduce la oferta disponible. Un caso descrito en el material: tras el fallecimiento de una persona mayor, sus hijos debaten si alquilar el piso o venderlo. Ninguno necesita el dinero, pero el riesgo de impago y de ocupación les lleva a vender. El inmueble sale del mercado de alquiler. Ese efecto, multiplicado, tensiona los precios.

Las cifras que se manejan y la evolución del fenómeno​

Los datos disponibles apuntan a un aumento de los casos. En 2023 se registraron 6.483 nuevos casos; en 2024, 7.615. Solo en enero de 2025, una asociación recibió 1.076 nuevos casos, un 63% más. El plazo medio para obtener una sentencia de desalojo ronda los 24 meses. Muchos afectados prefieren no denunciar.

En España hay alrededor de 20 millones de viviendas. Si se cruzan con las 15.289 denuncias por usurpación, el porcentaje resultante es muy superior al 0,0005%. La discusión sobre qué denominador usar sigue abierta.

El coste de la inacción y el cierre del debate​

El problema no es solo el okupa. Es el propietario que decide no alquilar. Es la familia que no puede acceder a una vivienda porque la oferta se contrae. Es el inquilino que deja de pagar y bloquea el inmueble durante años. La ley que pretendía proteger a los vulnerables acaba cerrando puertas a los que más las necesitan.

La predicción, con reservas: si el porcentaje real de afectados sigue creciendo y la percepción social se consolida, la presión para reformar la legislación aumentará. Pero mientras el debate se centre en si el 0,0005% es un bulo o una verdad incómoda, el mercado seguirá ajustándose por la vía de los hechos: menos alquileres, más ventas y precios al alza.