Grecia aprieta a las ONG acusadas de traficar con migrantes
Grecia se ha propuesto demoler el negocio de las ONG que operan en sus fronteras. La medida, que enarbola la bandera de la lucha contra la trata de personas y la inmigración ilegal, ha encendido una polémica que trasciende fronteras: un sector de la opinión pública española reclama leyes similares sin esperar a que se les ponga en la mano.
La conexión entre ciertas organizaciones no gubernamentales y el tráfico de migrantes no es nueva, pero ahora ha pasado de la sospecha a la acción política. Los defensores de la iniciativa argumentan que muchas ONG operan como tapaderas de redes criminales que cobran por facilitar cruces ilegales. El símil histórico, aunque crudo, ha salido a la palestra: quienes hoy se autodenominan cooperantes recuerdan, para algunos, el papel de los traficantes de esclavos de antaño.
En España, el eco es inmediato. Hay quien pide que un gobierno de derechas aplique una ley similar, mientras otros subrayan que la política migratoria no se cambia con eslóganes. Un sector marginal, más radical, cree que la medida se queda corta y reclama métodos expeditivos, incluida la pena de muerte; la mayoría lo considera desproporcionado.
El problema es que la línea entre perseguir delitos y criminalizar la ayuda humanitaria es peligrosamente fina. Grecia ha dado el primer paso, y el resto de Europa observa sin consenso. La discusión, lejos de cerrarse, acaba de empezar.