Perros soezs en el supermercado dia

Perros en el supermercado: la norma que casi nadie aplica​

¿Puede entrar un perro en un supermercado? La respuesta legal es no. La respuesta real, según relatan varios participantes en un hilo de foro, es que depende del empleado de turno, del encargado de turno y de las ganas de conflicto de quien esté mirando. Un usuario cuenta haber visto a un hombre pasear a su perro por un establecimiento de la cadena DIA y, al preguntar en caja si eso estaba permitido, recibir una respuesta que resume el estado de la cuestión: «que no, pero que quién es él para impedirlo».

El episodio, contado con notable enfado, desata una discusión que va mucho más allá de un solo supermercado. Porque, según los participantes, el problema no es el perro. El problema es que existe una norma escrita y, según denuncian, nadie la ejecuta.

Qué dice la ley sobre los perros en supermercados​

El Real Decreto 1021/2022, que regula los requisitos de higiene en la producción y comercialización de productos alimenticios en establecimientos de comercio al por menor, dedica su artículo 14 al acceso de animales. El texto es claro: está prohibido el acceso de cualquier animal a las zonas donde se preparen, manipulen o almacenen alimentos. Sin perjuicio de que el propietario del establecimiento pueda regularlo con más detalle, la prohibición base existe.

Ahora bien, varios participantes señalan que la ley de bienestar animal introduce un matiz: salvo que el establecimiento prohíba expresamente la entrada, el dueño del animal puede intentar acceder. Y ahí empieza el problema práctico, según los usuarios. La norma existe, pero su aplicación depende de un cartel en la puerta y de la voluntad de un cajero que, según los participantes, no tiene por qué jugarse una discusión con un cliente.

Hay quien sostiene que la solución pasa por llamar a la policía municipal en el momento. Otros apuntan directamente a Sanidad. Y una tercera corriente, la más escéptica, recuerda que en España las quejas individuales rara vez funcionan si no van acompañadas de una masa crítica dispuesta a moverse.

El problema no es el perro, es la fruta con tropezones​

Más allá del debate normativo, el asunto tiene una dimensión sanitaria que los participantes no se cansan de subrayar. Un usuario pone el dedo en la llaga: para coger una manzana hay que ponerse un guante de plástico, pero el perro puede olisquear y mearse en la esquina del pasillo. Otro añade que el animal mete el hocico en el culo de otros perros, se lame y luego se pasea entre los alimentos frescos.

La cuestión de las condiciones higiénicas aparece repetidamente. Un participante apunta que la norma habla de que el animal debe estar en condiciones adecuadas, pero que nadie concreta qué significa eso. ¿Un perro recién bañado? ¿Uno que no babea? ¿Uno que no ha pisado una cagada ajena hace veinte minutos? La ambigüedad es, según este usuario, el paraíso de la interpretación interesada.

Un participante aporta un dato que refuerza el argumento sanitario: sostiene que en urgencias se sabe que una mordedura de perro transmite todo tipo de bacterias. Y si eso ocurre con una mordedura, el lector puede imaginar el resto.

La respuesta del establishment: encogerse de hombros​

El relato de lo ocurrido en el DIA no es, según los participantes, un caso aislado. Varios cuentan experiencias similares en otras cadenas. En Mercadona, un cliente preguntó al cajero, este llamó al encargado y el encargado respondió que no podía hacer nada mientras el perro «se comportase». El cliente dejó el carro lleno y se fue. En un Lidl, otro presenció cómo un niño tosía sobre los donuts mientras su madre miraba para otro lado. En un Carrefour, alguien vio gorriones anidando en las vigas y cagando sobre el lineal de jamones.

El patrón se repite, según estos relatos: el empleado no tiene autoridad, el encargado no quiere problemas y el cliente que protesta queda como el malo de la película. Una parte de los participantes sostiene que esto es típico de un país donde nadie hace nada. Otra parte responde que el problema es más profundo: se ha normalizado vivir entre meadas y cagadas de perro.

La comparación con otros países aparece de forma tangencial. No se trata de un problema exclusivamente español, pero la sensación de impunidad sí se percibe como local. El establecimiento que permite perros no recibe sanción, el dueño que los mete no recibe multa y el cliente que se queja no recibe respuesta.

Qué puede hacer el cliente que se encuentra un perro en el supermercado​

La receta que más se repite es la burocrática: pedir la hoja de reclamaciones, llamar a la policía municipal y denunciar ante Sanidad. Algunos añaden la crítica en Google para avisar a otros clientes. El problema, señalan los más pragmáticos, es que la hoja de reclamaciones no la pide nadie porque nadie quiere montar un espectáculo en la caja del supermercado.

Otros apuestan por el boicot silencioso: no volver a ese establecimiento y decírselo a todo el que quiera oírlo. La lógica es simple: si los clientes que toleran perros gastan más que los que no, el supermercado seguirá permitiéndolos. Si los que no toleran perros son mayoría y se van, el cálculo cambia.

La tercera vía, la más extrema, es la que propone un participante: llevar un gas pimienta y usarlo contra el perro y, si el dueño protesta, contra el dueño. Es una opinión minoritaria y no está respaldada por la ley, pero refleja, según los participantes, el nivel de tensión que genera el asunto.

El trasfondo: una ley de bienestar animal que nadie sabe aplicar​

El debate deriva hacia la ley de bienestar animal y su aplicación práctica. Una parte de los participantes considera que la norma se ha impuesto de arriba a abajo sin tener en cuenta la realidad de los establecimientos. Otra parte responde que el problema no es la ley, sino la falta de medios para hacerla cumplir.

Lo cierto es que la convivencia entre animales y espacios públicos es un asunto que, según los participantes, va a más. Los datos que se manejan en el sector apuntan a que una parte muy relevante de los hogares españoles tiene al menos una mascota. Eso significa millones de personas que consideran a su perro un miembro más de la familia y que, en muchos casos, no entienden por qué no puede entrar en según qué sitios.

El conflicto está servido. Y la solución no parece cercana, según los participantes. Mientras la ley no se aplique con consecuencias reales, el cliente que se encuentre un perro entre las lechugas seguirá teniendo razón y seguirá sin poder hacer nada. Ironía fina para un país que presume de normas.