Inmigración peruana: 11 personas, 1-2 trabajan y el resto a cargo del Estado
La imagen se repite en las estaciones de tren de Barcelona y Madrid: familias enteras de origen latinoamericano, con niños y ancianos, llegando con maletas. Un cálculo recurrente en los análisis sobre el fenómeno sostiene que en muchas de estas familias, de 11 miembros solo 1 o 2 trabajan, mientras el resto recibe prestaciones sociales o consume servicios sin haber cotizado. Esa fotografía, que circula entre escépticos del relato oficial, plantea una pregunta incómoda: ¿la reagrupación familiar de inmigrantes de baja cualificación es un lastre o un activo para las cuentas públicas?
El coste por familia: 11 bocas, un par pagando
La discusión arranca de una imagen que muestra a once personas –abuelos, adultos y niños– de las cuales, según los críticos, solo una o dos tendrían empleo regular. «Gran negocio está haciendo España: pagan un cuarto de pensión y generan once pensiones a pagar», resume un análisis de la situación. La idea choca con la narrativa oficial de que la inmigración rejuvenece la demografía y contribuye al sistema. Quienes defienden esta última postura señalan que la mayoría de los llegados son jóvenes y, si se integran, aportarán más de lo que cuestan. Pero la evidencia del hilo apunta a que en muchas unidades familiares la tasa de ocupación real es muy baja, y que los salarios de los que trabajan difícilmente cubren los costes de sanidad, educación y prestaciones del resto.
El mercado del alquiler: familias enteras en una habitación
El impacto se nota sobre todo en el mercado inmobiliario. Quien alquila habitaciones a estudiantes cuenta que el 90% de las solicitudes que recibe son de familias latinas que pretenden meterse enteras en una sola habitación. «Bloqueo directamente, si no se leen el anuncio yo tampoco los leo», dice el anunciante. Las habitaciones que cuestan 400 euros mensuales –un precio que ya de por sí es alto para un trabajador medio– se convierten en viviendas compartidas por ocho personas. Mientras, los magrebíes, según se queja, son alojados por ONGs en hoteles. La concentración en ciertas zonas de ciudades como Barcelona ha llevado a algunos a afirmar que «hay zonas insalvables ya».
La brecha entre los datos oficiales y la percepción
Existe una discrepancia notable entre las estadísticas y lo que se ve en la calle. Los datos oficiales sitúan la proporción de inmigrantes latinoamericanos en torno al 8-10% de la población, pero quienes viven en barrios como la Estación de Sants en Barcelona aseguran que la presencia percibida supera el 80% en ciertos momentos. Esa brecha alimenta la desconfianza hacia las cifras gubernamentales. Algunos apuntan que el PIB sube mes a mes precisamente por la llegada de nuevos consumidores, pero otros replican que ese crecimiento se basa en deuda y en la impresión de dinero, no en la productividad real. «Cuando la OTAN te pide que pagues un porcentaje de un PIB que te has inventado, se ve el pastel», ironizan.
El precedente argentino y el futuro de España
La comparación con Argentina se repite: un país que fue rico y que, tras décadas de inmigración desde países vecinos y de políticas asistenciales, vio cómo su clase media se desmoronaba. «Traían bolitas de Bolivia, Paraguay, Perú… para trabajar, pero al final se hicieron planeros y se aliaron con el peronismo. Después de unas décadas, la clase media no quedaba ni los huesos.» El relato sugiere que España va por el mismo camino, con una oligarquía que se beneficia de una población consumidora y poco cualificada, mientras los ciudadanos autóctonos pierden poder adquisitivo y servicios. La pregunta que queda en el aire es si el sistema es sostenible o si, como apunta un análisis, «esto está en un punto sin retorno».
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