El Ingreso Mínimo Vital ya paga más que media jornada laboral
La revalorización de enero ha convertido el Ingreso Mínimo Vital en una prestación indefinida y más alta que el salario más frecuente de España. Según los datos que maneja El Economista, la ayuda supera en un 20% el sueldo más habitual del país. Con la subida del 11,4%, un adulto solo cobra 733 euros al mes, y con tres descendientes a cargo la cifra alcanza los 1.400. En un mercado laboral donde el 37% de los trabajadores gana el salario mínimo o menos, la pregunta es incómoda: ¿para qué trabajar si la paguita paga igual?
Trabajar 40 horas para ingresar menos que un subsidio
El núcleo del problema no es la cuantía absoluta, sino la comparación con los sueldos reales. Un contrato estándar de 20 a 28 horas –cada vez más común– deja entre 700 y 800 euros netos. A esa cifra hay que restarle transporte, comidas y, en algunos casos, el IRPF. La prestación llega sin gastos asociados, sin desplazamientos y sin jefe. La AIReF lo lleva meses advirtiendo: el diseño actual del IMV desincentiva la búsqueda de empleo, sobre todo cuando se acumula con otras ayudas. Los datos le dan la razón: más de la mitad de los perceptores del ingreso mínimo cobra al menos otra prestación pública y el 16% acumula dos o más.
El solapamiento convierte el colchón en literatura. A las ayudas directas se suman bonos sociales de electricidad, descuentos en vivienda o cheques de comedor escolar. La suma de todas las piezas puede superar sin problemas un sueldo de mil euros sin haber cotizado tu vida laboral. Hay quien lo resume con crudeza en la discusión económica: “Sin cotizar, mejor que el 60% de los pensionistas”. La ironía tiene fundamento. Cada persona que elige la prestación sobre el alta laboral es un futuro agujero en la hucha de las pensiones.
La cifra que no cuadra: 28.500 millones de subsidios
Detrás de las cuentas hay un problema de transparencia. Los datos de Libre Mercado hablan de siete millones de personas recibiendo subsidios, con un coste de 28.500 millones de euros. Un cálculo de andar por casa invalida esa cifra: siete millones a mil euros mensuales son 7.000 millones cada mes, 84.000 millones al año, no 28.500. Nadie ha explicado la diferencia. La sospecha es que el dato contable mezcla ayudas de distinta naturaleza y no distingue entre beneficiario y núcleo familiar.
Lo que no se discute es la tendencia. La AIReF concluyó que el IMV es más elevado que las ayudas equivalentes en la Unión Europea, pero con peores resultados en cobertura y reducción de la pobreza. Es decir: gastas más y proteges peor. Una combinación difícil de sostener cuando las cuentas públicas no admiten otro agujero.
El factor migratorio: datos contra prejuicios
La discusión económica deriva a menudo hacia la inmi gración, y ahí los datos disponibles disparan en todas direcciones. Uno de cada cinco hogares beneficiarios del IMV tiene algún adulto extranjero. La mitad de los receptores forasteros son de Jovenlandia, país al que las remesas se han triplicado en una década hasta 1.600 millones de euros. El informe policial que cita The Objective da otra vuelta de tuerca: al menos 400.000 forasteros regularizados nunca habrían residido en España.
Con estos mimbres, una corriente del análisis concluye que las ayudas actúan como imán migratorio. La corriente contraria recuerda que cuatro de cada cinco hogares con IMV son españoles y que el verdadero problema es la precariedad. El resultado es un debate bloqueado, donde cada bando usa los mismos papeles para probar tesis opuestas.
El punto donde el análisis se atasca
Mientras tanto, la hostelería de la costa no encuentra camareros. “Te dicen que están cobrando una ayuda”, resume un reportaje citado en la discusión. El trabajador de Barajas que desmontó la ‘mafia de los indigentes’ asegura que algunos llegan a ingresar 2.000 euros al mes combinando prestaciones. Nadie defiende que vivir de ayudas sea un chollo –733 euros no dan para mucho–, pero la comparación con un salario de 800 sigue inclinando la balanza.
La reforma del IMV es una de las asignaturas pendientes que explotarán tarde o temprano. Los técnicos lo saben, el Gobierno lo esquiva y la calle lo sufre en forma de servicios públicos que no cuadran. Mientras el salario mínimo y la prestación sigan tan cerca, trabajar seguirá siendo, para demasiados, un mal negocio.