Os resumo en cuatro líneas el porqué de la regularización masiva y los gritos de la Montero. He estado ahí.

Regularizar no es solidaridad, es una cuenta de dos columnas​

La regularización masiva no responde a ninguna epopeya internacionalista. Responde a una cuenta. Y no es una cuenta moral: es la suma de un censo electoral que crece de golpe y de una mano de obra que, al pasar del negro al papel, presiona a la baja los salarios menos cualificados. A la fecha de esta discusión, con el asunto otra vez en las portadas, la explicación oficial seguía siendo la generosidad; los números, en cambio, apuntaban a otra parte. Cualquiera que haya pisado una obra, un invernadero o una cocina de verano en la costa intuye el mecanismo.

Votos cautivos: la ingeniería que nadie firma​

El primer argumento es mecánico. Regularizar a cientos de miles de personas equivale a construir de la noche a la mañana un colchón electoral que, en su mayoría, dependerá de las transferencias del Estado y asociará su permanencia legal con quien se las concedió. No hace falta creer en conspiraciones: basta mirar los calendarios electorales. La operación alcanzaría su punto óptimo justo cuando el agradecimiento todavía pesa y la integración real aún no ha empezado.

En contra juega un detalle que el relato se salta. El vínculo entre papeles y urnas no es automático, y un colectivo recién regularizado puede dividir su voto como cualquier otro. La hipótesis es plausible, no demostrable. Pero como hipótesis basta para diseñar una política.

El regalo silencioso a la patronal​

El segundo argumento es el que casi nunca se pronuncia en voz alta. Existe un ejército de trabajadores en situación irregular que llevan años aceptando cualquier condición, cualquier horario, cualquier sueldo. Al legalizarlos pasan a cotizar y a consumir —sobre el papel—, pero el efecto dominante en los sectores menos cualificados es otro: ensanchan la oferta de mano de obra y empujan los salarios hacia abajo. El beneficio no lo recoge el recién regularizado, que sigue en el tramo bajo de la tabla, sino el empleador que deja de negociar.

La disyuntiva incómoda: negro sin derechos o legal con coste​

Hay un frente previo que rara vez se explicita: ¿qué resulta más rentable para las arcas públicas? Mientras trabajan sin papeles no tiran de sanidad ni de prestaciones, pero tampoco cotizan. Cuando entran en el sistema contribuyen —si el empleo es real y no un apaño— y empiezan a consumir servicios. Ninguno de los dos escenarios sale gratis, y la aritmética completa no está cerrada en ningún lado.

Cuando cada comunidad tira para lo suyo​

Sobre esta base económica se superpone una dinámica social que desmonta la parte épica del relato. La solidaridad a distancia funciona mientras no hay que repartir nada concreto; cuando choca el empleo, la vivienda o el acceso a servicios, la cohesión se resquebraja y el conflicto se vuelve local. Casos recientes en la frontera sur lo dejaron a la vista. El supuesto hermanamiento de los desposeídos dura lo que dura el reparto.

A la vista de esta lógica, cabe esperar que la regularización avance más por interés electoral y salarial que por convicción. Con una reserva importante: el cálculo da por hecho que quien recibe los papeles votará agradecido, y esa suposición —como casi todas las que se hacen sobre la gente— puede saltar por los aires el día de las urnas.