Os presento la IRON PILL y un PROYECTO de vida HEROICO

El plan de comunidad rural separatista que acabó en detenciones​

En la España vaciada sobran casas y faltan habitantes. Esa despoblación, que para casi todos es un problema, se convirtió para algunos en oportunidad: suelo barato, aislamiento y ninguna vecindad curiosa. Sobre esa base, una cuenta anónima lanzó a finales de 2018 una propuesta bautizada como iron pill —«pastilla de hierro»— para fundar en la Laponia Española una comunidad rural cerrada, autosuficiente y, en palabras de su autor, «de milicia». El plan acabó con la policía llamando a la puerta.

Qué proponía el proyecto de comunidad autosuficiente​

El texto de partida sostenía que conocer el problema no basta y que la vía política está agotada. Su tesis de fondo era la del reemplazo demográfico: en Europa occidental ya habría población de origen no europeo con un ritmo de crecimiento suficiente para convertirse en mayoría, de manera que cerrar fronteras no serviría. La única salida que admitía era que todos los residentes ajenos al continente volvieran a su región de origen. Ninguna de esas afirmaciones se acompañaba de fuente ni de cifra verificable.

Sobre esa premisa, el plan listaba cuatro pasos: reunir a personas afines en un entorno rural, ser independientes del sistema en alimentación, empleo y vida espiritual, materializar una cosmovisión propia y prepararse para un colapso. Se preveían tres posibles asentamientos según cuánta gente llegara, todos en zonas despobladas del interior. La fuente de ingresos, se decía, solo la conocían los de dentro. Y se descartaba abiertamente la vía política: pedir a los políticos que resuelvan tus problemas.

Los requisitos para entrar: edad, salud y compromiso​

La convocatoria era restrictiva por diseño. Se buscaba a personas mayores de edad, en buen estado de salud y dispuestas a comprometerse «con todas las consecuencias», con preferencia por una cosmovisión nietzscheano-pagana. El texto excluía expresamente a los menores, a quienes dudaran y a quienes profesaran credos judeocristianos. El criterio de origen acababa de cerrar la puerta.

Quedaba sin resolver una cuestión práctica: de dónde saldrían mujeres dispuestas a sostener el grupo. La respuesta del promotor era que las mujeres «siempre son las últimas en cambiar» y que buscan seguridad, y se apoyaba en Nietzsche para sostener que la mujer perfecta es más rara y más perfecta que el hombre perfecto. Otro participante lo resumía con menos poesía: si el proyecto prospera, ellas aceptarán el papel que les toque.

El precedente: comunidades colapsistas con otros valores​

Lo llamativo es que la fórmula no es nueva. En los entornos que anticipan el fin del modelo energético llevan años proponiéndose ecoaldeas, permacultura y vida fuera del sistema, aunque casi siempre con un envoltorio ideológico opuesto: ecologismo, feminismo y discurso favorable a la inmigración. En España se citaba a Carlos Taibo como referencia de ese tipo; en Estados Unidos, a comunidades ligadas a Jack Donovan. La novedad de esta propuesta era el marco inverso.

Por qué el aislamiento rural genera dudas​

La crítica más repetida no iba contra la ideología, sino contra la estrategia. Retirarse al campo, se argumentaba, es perder poder: el poder seguirá en las ciudades, y alejarse no evita que el problema acabe llamando a la puerta. Frente al modelo de comprar un pueblo, se defendía tejer red entre barrios o municipios pequeños.

A eso se sumaba el factor legal. Varias voces señalaban que cualquier forma de organización atrae focos, por mucho cuidado que se ponga en las formas, y que lo que hoy no es ilegal puede dejar de serlo mañana. Otra parte descartaba el aislamiento como una americanada individualista, sin proyecto de vida detrás. Y un tercer grupo ironizaba con el perfil del candidato: quien no ha logrado nada estable en la ciudad, decían, es el que más fácil cae en la oferta.

El colapso del sistema de bienestar como argumento​

El sostén económico de la tesis era el colapso. Se afirmaba que una mayoría de la población de origen no europeo depende del sistema de bienestar y que, cuando este quiebre, se producirán conflictos que obligarán a defender lo propio. Las señales que se daban eran las noticias sobre pensiones y las tensiones callejeras en ciudades europeas. No había plazos: a la pregunta de cuándo llegará todo eso, la respuesta era que resulta imposible predecirlo.

Cómo terminó: investigaciones, detenciones y prensa​

Con el tiempo, el asunto dejó de ser un plan y pasó a ser una reacción. Según varios mensajes, hubo investigaciones, detenciones y una cobertura mediática desproporcionada para lo que, sobre el papel, eran unos cuantos textos. La conclusión que se repetía era que ser racista no es delito y que el único recorrido legal de una denuncia así sería, como mucho, una acusación por tráfico de drogas, con multa incluida.

En paralelo, el debate derivó hacia la vigilancia. Se hablaba de una «policía del pensamiento» y de mensajes dirigidos a los propios agentes, con la advertencia de que los nietos de quienes hoy aplican las normas llevarán otros nombres. Puro cierre de época.

Años después, el proyecto sigue siendo un plan sobre el papel. Y una carpeta de diligencias.