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La política de Isabel la Católica en 1492 para expulsar a judíos y musulmanes buscaba homogeneizar el reino y consolidar el poder, con consecuencias económicas que aún se debaten.
En 1492, los Reyes Católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, firmaron el Edicto de Granada. Este decreto obligaba a los judíos a convertirse al cristianismo o abandonar los reinos de Castilla y Aragón. La medida, que buscaba la unificación religiosa y política, tuvo un impacto demográfico y económico significativo. Miles de personas tuvieron que exiliarse, llevando consigo sus conocimientos y capitales.
La expulsión de los judíos supuso la pérdida de una comunidad activa en el comercio, la banca y la artesanía. Se estima que entre 50.000 y 100.000 personas abandonaron la península ibérica, lo que generó un vacío en sectores clave de la economía. La confiscación de sus bienes, aunque supuso un ingreso puntual para la corona, no compensó a largo plazo la pérdida de actividad económica y la fuga de talento.
La política de Isabel la Católica en relación con las minorías religiosas ha sido objeto de debate histórico y económico durante siglos. La decisión de expulsar a los judíos y posteriormente a los musulmanes (tras la caída de Granada) se enmarca en un contexto de consolidación del poder monárquico y de búsqueda de una identidad nacional unificada. El análisis de estas medidas sigue siendo relevante para comprender la evolución económica y social de España.
Isabella the Catholic knew that if you wanted to get rid of the Muslims, you had to get rid of the Jews as well. pic.twitter.com/Pvb64omAf9
— John Traddington Ver publicación en X
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