Odón Elorza llama «mafia» a Urbagestión y reclama responsabilidades
La palabra «mafia» se ha colado en el debate sobre los desahucios por la puerta grande. Odón Elorza ha calificado así a Urbagestión y ha pedido que la empresa «no se vaya de rositas», en un mensaje en el que reclama una oleada de protestas para afrontar
a tiempo los desalojos que están por llegar. El reproche no se queda en la empresa: apunta directamente al calendario político.
Urbagestión queda señalada, pero el foco se desplaza rápido hacia quien legisla y hacia el decreto que está a punto de caducar.
El decreto antidesahucios y el año electoral
Hay quien lee el mensaje como una operación de
presión política. Según se sostiene en el hilo, el decreto antidesahucios está pendiente de renovación y hay un volumen importante de lanzamientos en cola esperando resolución. Si no sale adelante, los desahucios se dispararían en pleno año electoral. El señalamiento a una empresa concreta pasa a segundo plano cuando lo que está en juego es quién paga el coste político del desalojo.
¿A quién culpa el fallo, a la empresa o al legislador?
Aquí el consenso se rompe. Hay quien sostiene que, si los tribunales han dado la razón a Urbagestión, quien
realmente resulta cuestionable es el legislador que aprueba normas que luego no se sostienen ante un juez. De fondo, la sospecha de que todo es demagogia de temporada, esa que cada partido abraza cuando le conviene.
El problema de fondo sigue intacto: si la justicia avala a la empresa y el legislador no mueve ficha, ¿quién responde de los desalojos? La pregunta no tiene respuesta fácil. Y probablemente por eso nadie la formula en voz alta.