NUEVO RECORD: 1.5 MILLONES de latinos invasores por barajas al año

1,5 millones de inmigrantes por Barajas: el informe policial que desmonta el relato oficial​

La cifra resulta tan brutal que cuesta asimilarla. Un informe de la Policía Nacional calcula que en 2025 entraron a España por vía aérea 1,5 millones de personas en situación irregular, la mayoría procedentes de países latinoamericanos. Es el triple de lo que se venía estimando. Y no, no son los cayucos de Ceuta ni las pateras de Baleares: el 60-65% de toda la inmigración irregular llega hoy por los aeropuertos, con Barajas como principal puerta de entrada. El dato, recogido por varios medios, ha abierto una brecha política que pone en el punto de mira al Ministerio del Interior y cuestiona la eficacia de los controles fronterizos.

Un cambio estructural silencioso​

Durante años, el debate público sobre inmigración irregular se ha centrado en las rutas marítimas: llegadas a Canarias, saltos a la valla de Melilla, desembarcos en Baleares. Sin embargo, el informe policial revela un giro copernicano: la vía aérea se ha convertido en el canal principal, y la cifra de 1,5 millones supone casi el triple de los 500.000 que se manejaban hasta ahora. Para ponerlo en perspectiva, equivale a la población de Barcelona capital, o a sumar los habitantes de La Rioja, Navarra y Cantabria juntos. La magnitud del fenómeno obliga a repensar las políticas de control en los aeropuertos, donde, según fuentes policiales, se detecta apenas una fracción de los casos.

El informe no solo dimensiona el número: señala que la mayoría de estos inmigrantes entran como «falsos turistas» —con billete de ida y vuelta que nunca usan— y que se quedan en España o pasan a otros países europeos. Francia, por ejemplo, habría endurecido su postura devolviendo a muchos de los que intentan cruzar la frontera. El patrón, según el análisis, se consolida desde hace más de 25 años, pero la falta de controles efectivos y la connivencia de sucesivos gobiernos habrían permitido su crecimiento exponencial.

Impactos económicos y sociales: dos caras de la misma moneda​

Las reacciones al informe dibujan un abanico de posturas que van del puro cálculo económico a la alarma social. Por un lado, hay quien defiende que esta inmigración es necesaria para sostener el sistema de pensiones y cubrir puestos de trabajo que los españoles no quieren ocupar. El argumento se repite: «vienen a pagar pensiones y a construir viviendas». Incluso algún inversor recomienda comprar acciones de aerolíneas como IAG, porque el negocio del transporte de migrantes es un flujo constante de ingresos.

En el extremo opuesto, surgen las advertencias sobre el colapso de servicios públicos. Sanidad, educación y vivienda serían los primeros en notar la presión. Algunos análisis apuntan a que el aumento de la demanda llevará a que los servicios sanitarios públicos se saturen, y que quienes puedan pagar recurrirán a la privada. La vivienda, ya tensionada en las grandes ciudades, se encarece aún más con una demanda que crece por encima de la oferta. Y en seguridad, se alerta de un posible incremento de la violencia asociada a la importación de dinámicas de los países de origen, aunque los datos concretos sobre delincuencia no aparecen en el informe.

La política ante el espejo​

El informe policial llega en un momento de máxima polarización. El ministro del Interior, Marlaska, es señalado directamente como responsable político por permitir lo que algunos califican de «invasión». La oposición reclama su dimisión y exige un endurecimiento de los controles en aeropuertos. Pero también hay quien apunta a que el problema es sistémico: agentes económicos (empresarios que contratan irregularmente, caseros que alquilan sin papeles) y partidos que, pese a su discurso, se benefician de la mano de obra barata.

Entre los partidos, Vox recoge el malestar con su propuesta de expulsión masiva, mientras que otras formaciones abogan por una regularización ordenada. Sin embargo, un sector del análisis sostiene que el verdadero problema es la «cortina de humo» que desvía la atención hacia la inmigración africana, cuando el grueso llega por Barajas. La discusión se enreda en acusaciones cruzadas de hipocresía: quienes alquilan a inmigrantes se quejan luego de la inmigración; quienes los emplean en negro callan sobre su estatus.

El dato que lo cambia todo​

Más allá de las opiniones, el informe supone un antes y un después en la medición del fenómeno. Hasta ahora, las cifras oficiales de inmigración irregular se centraban en las llegadas por mar, que en 2025 rondaron los 50.000. El dato de 1,5 millones por avión, si se confirma, multiplica por 30 la dimensión del desafío. Y lanza una pregunta incómoda: ¿cuántos de esos 1,5 millones siguen en España? La respuesta, a la fecha de esta discusión, es que nadie lo sabe con certeza.

El debate, lejos de cerrarse, gira ahora en torno a la credibilidad del informe: ¿es una filtración interesada? ¿un toque de atención de la policía al Gobierno? ¿un cálculo alarmista? Mientras tanto, la realidad en las calles de Madrid o Barcelona es que el cambio demográfico ya se nota. Y la sensación de que el país se está transformando sin que haya un consenso sobre cómo gestionarlo.