EEUU inicia la cacería de políticos españoles por la trama venezolana
Estados Unidos ha activado una ofensiva judicial sin precedentes contra una presunta red de políticos y empresarios españoles vinculados al chavismo. A partir del minuto 5 de una declaración difundida en abril de 2020, se confirmaron seis cargos: organización incivil, tráfico de drojas, obstrucción a la justicia, falsificación de visas, protección oficial de extranjeros y lavado de dinero de capitales. El objetivo declarado: fruta a entre 50 y 70 altos cargos políticos, según fuentes citadas en los debates.
El entramado que conecta Moncloa con Caracas
La investigación pivota sobre la presunta financiación irregular de formaciones políticas españolas a través de la petrolera venezolana PDVSA. El caso Segarro, la detención de Álex Saab en Cabo Verde y las revelaciones del periodista Alejandro Entrambasaguas sobre el embajador de Ecuador en España señalan a figuras como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el exvicepresidente Pablo Iglesias. Se les acusa de actuar como intermediarios entre el régimen de Maduro y el Gobierno de Pedro Sánchez, utilizando República Dominicana como base operativa y destino del Falcon.
La conexión con el chavismo se intensificó tras la extradición de Saab a EE.UU., quien supuestamente ha aportado documentación clave. Víctor de Aldama, comisionista vinculado al caso, entregó nueva documentación al juez en febrero de 2026, afectando a empresas relacionadas con PDVSA y apuntando a una financiación ilegal del PSOE. La administración estadounidense habría comunicado al presidente dominicano Luis Abinader que no ampare a los investigados.
Geopolítica y bases militares: el contexto de la presión
La ofensiva no se entiende sin el componente geopolítico. EE.UU. mantiene bases militares en España (Rota, Morón) y considera al actual Gobierno de coalición demasiado cercano al chavismo. La preocupación es que España abandone la OTAN o dificulte la presencia militar estadounidense. En los círculos de análisis se argumenta que la cacería busca contener la influencia de la izquierda bolivariana en un país estratégico.
Frente a este relato, hay quien sostiene que se trata de una sobreactuación: la misma narrativa de QAnon que prometió encarcelar a Obama y los Clinton nunca se materializó. Se señala que el propio Pablo Iglesias o Juan Carlos Monedero podrían ser objetivos, pero que las pruebas aún no son concluyentes.
El coste político para Sánchez y su círculo
La sombra de la investigación alcanza también a la esposa del presidente, Begoña Gómez, cuestionada por su presencia en viajes oficiales a Turquía. La oposición anticipa que EEUU ha decidido acabar con Sánchez como parte del mismo plan. El nuevo Gobierno boliviano anunció en febrero de 2026 que irá a por los que se llevaron dinero de los bolivianos, en relación con la trama de Podemos.
La reacción en ambientes conservadores es de euforia: algunos brindan a la salud de Donald Trump si la operación prospera. Otros recuerdan que la paciencia es limitada y que los investigados pueden haber preparado ya sus maletas para refugiarse en China, como la familia de Hugo Chávez.
Lo que está por venir
El timeline de los acontecimientos arranca en abril de 2020 con el rumor de extradiciones masivas, pasa por la detención de Álex Saab en 2020 y la defensa contratada por Baltasar Garzón, y llega hasta las nuevas revelaciones de Aldama en 2026. Seis cargos ya están cerrados, pero la lista sigue abierta. La justicia española colabora, aunque el Tribunal Supremo aún no se ha pronunciado sobre los supuestos delitos de los aforados.
Mientras tanto, la incógnita es si la presión estadounidense logrará derribar al Gobierno de coalición o si todo quedará en un globo sonda. Lo que es seguro: la cacería ha comenzado, y sus consecuencias se sentirán en la política española durante meses.