La gestación subrogada para hombres solteros: el derecho que la UE ignora
Un hombre soltero, sin pareja, con deseo de ser padre se encuentra en España con un muro legal. No puede contratar un vientre de alquiler; la adopción en solitario le exige años de trámites; y si logra tener un hijo en el extranjero, el registro consular se convierte en otra odisea. La conversación sobre este vacío normativo ha sacado a la luz cifras y contradicciones difíciles de defender.
La asimetría con las mujeres solteras es el primer foco. Mientras ellas acceden a bancos de esperma con facilidad y a tratamientos de fertilidad financiados por la Seguridad Social, los varones solteros tienen cerradas casi todas las vías. El argumento más repetido contra la equiparación es la supuesta protección del menor; en contra, se señala que las tasas de maltrato infantil o infanticidio no están correlacionadas con el género del progenitor y que impedir la paternidad no protege a nadie, solo castiga.
Los precios dibujan el mapa real de la gestación subrogada para hombres. Albania aparece como el único país europeo donde pueden contratarla, con costes de entre 70.000 y 90.000 euros a través de agencias españolas. México y Estados Unidos son alternativas, aunque en EE.UU. se superan los 100.000 euros. Antes de la guerra, Ucrania era el destino habitual con tarifas en torno a 50.000 euros, y Georgia seguía con precios similares. Hay quien apunta que los paquetes baratos acaban costando el doble si hay abortos espontáneos, mientras los premium garantizan el hijo sí o sí.
El escollo institucional es quizá el menos visible y el más decisivo. Para forzar un cambio normativo a escala europea se necesitan firmas en siete países distintos, y la maquinaria para reunirlas exige financiación y altavoces que no están al alcance de cualquiera. La queja sobre la falta de movilización se mezcla con un dato concreto: España sería el único país del mundo que no registra en sus embajadas a los hijos de padres solteros nacidos por gestación subrogada, lo que obliga a procesos judiciales de dos o tres años y a entrar por la vía de inmigrante.
El resultado es una migración reproductiva de facto. Quien puede permitirse 80.000 o 100.000 euros viaja a Albania o a México; quien no, se queda fuera. Mientras tanto, otras vías de reproducción asistida sí cuentan con financiación pública, lo que deja en evidencia una jerarquía de derechos que nadie ha explicado del todo. El dato que descoloca es ese: no hay ninguna razón objetiva para que el estado civil y el género determinen el acceso a la paternidad con tanta crudeza. Y sin embargo, es exactamente lo que ocurre.