No tienes ayuda aunque la pidas: dice Marlaska que la ley no contempla un asalto masivo de forasteros como emergencia

Marlaska despeja dudas: la ley no cubre un asalto masivo de inmigrantes​

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido que el marco legal actual no prevé como emergencia un asalto masivo a las fronteras. Una declaración que deja en evidencia el vacío jurídico ante episodios que, en los últimos años, se han multiplicado en las vallas de Ceuta y Melilla. Mientras, el discurso oficial insiste en que la inmigración es necesaria para sostener las pensiones, un argumento que choca con la realidad de los costes de seguridad y la tensión social.

El problema no es legal, es político​

La ley de extranjería fue diseñada para gestionar flujos controlados, no oleadas desbordadas. Sin embargo, declarar la emergencia nacional implicaría reconocer que el control fronterizo ha fracasado. Ceuta lleva meses pidiendo un mando único y la activación de ese mecanismo, pero el Gobierno se resiste. La pregunta es si la falta de previsión legal es un error técnico o una decisión deliberada para evitar asumir responsabilidades.

El mito de las pensiones y el coste real​

El argumento de que los inmigrantes vienen a pagar las pensiones suena a mantra vacío cuando la presión en las fronteras requiere despliegues policiales y recursos que cuestan millones. Cada asalto masivo moviliza a cientos de agentes, medios aéreos y gastos logísticos. Y luego está el coste político: cuando la seguridad se ve desbordada, el discurso de la solidaridad se resiente. El debate entre soberanía y apertura se vuelve más crudo.

Las frases que encienden el hilo​

Algunos comentarios apuntan a que el verdadero problema es la voluntad política: 'lo suyo es el estado de sitio', se ironiza. Otros recuerdan que 'no habrá número suficiente de escoltas para proteger a estos criminales', una expresión que refleja el clima de hartazgo y la creciente demanda de mano dura. El propio Marlaska, al señalar que 'la ley no contempla un asalto masivo', deja la puerta abierta a que cada incidente se gestione con parches.

El análisis llega a un callejón: o se reforma la ley para incluir estos supuestos, o se asume que las fronteras españolas pueden ser desbordadas sin consecuencias legales. La decisión es política; el coste, económico; y la paciencia social, limitada.