La agonía silenciosa de España: datos de una descomposición anunciada
Con una tasa de natalidad de 1,1 hijos por mujer y una población que envejece a toda velocidad, España afronta un escenario demográfico que muchos califican de terminal. La discusión sobre si el país está desapareciendo por una combinación de baja fecundidad autóctona y una inmigración masiva no regulada ha saltado de los círculos de análisis al debate público, impulsada por la frustración de una parte de la sociedad que ve cómo sus instituciones y su cultura se diluyen sin que haya habido un referéndum que lo refrende.
El dato que enciende las alarmas: 1,1 hijos por mujer
El indicador más frío es también el más contundente: la natalidad española está muy por debajo del nivel de reemplazo (2,1). Los análisis apuntan a que las generaciones nacidas en los años 60 y 70, que disfrutaron de una economía boyante -vivienda barata, empleo sin estudios superiores, pensiones generosas- votaron durante décadas políticas que priorizaron el corto plazo sobre la sostenibilidad demográfica. La burbuja inmobiliaria de los 90 y 2000, lejos de fomentar la formación de familias, las desincentivó al disparar los precios de la vivienda. Hoy, los jóvenes se enfrentan a salarios precarios y alquileres imposibles, mientras las generaciones mayores acumulan patrimonio y votan para mantener sus privilegios.
Inmigración sin consenso: ¿decisión democrática o imposición?
El otro gran eje del debate es la política migratoria. Mientras algunos sostienen que la llegada de población extranjera es la única manera de sostener las pensiones y la economía, otros señalan que no hubo consulta popular para decidir el modelo de país que se quiere. Se menciona una posible regularización masiva de hasta 17 millones de personas, una cifra que, de concretarse, transformaría radicalmente la composición social. La acusación de que todos los partidos -desde el PSOE y el PP hasta Vox y los independentistas- han avalado de facto la inmigración masiva es recurrente. Incluso los partidos que se presentan como contrarios a la inmigración son señalados por no haber hecho lo suficiente para detenerla.
Generaciones enfrentadas: los jubilados como chivo expiatorio
Un hilo conductor de la discusión es la brecha generacional. Se culpa a los jubilados -los "langostos"- de haber vivido una España de derroche y estabilidad que ellos mismos destruyeron con su voto egoísta. La figura del pensionista que presume de haber comprado su segunda residencia con un solo sueldo obrero mientras los jóvenes no pueden emanciparse es el símbolo de la fractura. El intercambio es ácido: "tú a tu edad no tienes lo que yo tuve", contestan los mayores. "Nos habéis dejado la factura", replican los jóvenes.
Fatalismo y huida: el "sálvese quien pueda” como respuesta
El desencanto ha llevado a muchos a la desafección electoral -"los votos no sirven, se inventan los resultados"- o a la emigración. Quienes ya se fueron en la crisis de 2007 muestran indiferencia: "cero sentido de culpa". Otros, instalados en el pesimismo, consideran que España ya no merece la pena y que su desaparición es un proceso histórico inevitable. La comparación con el Imperio Romano, invadido por bárbaros -esta vez del sur- es una metáfora recurrente. Ni siquiera el diagnóstico sobre los culpables es unánime: para unos, es la izquierda progresista; para otros, el capitalismo global; para algunos, la herencia del franquismo.
Sin salida a la vista
El análisis se atasca en el mismo punto: no hay consenso sobre qué hacer. Promover la natalidad autóctona choca con la precariedad laboral y de vivienda. Frenar la inmigración colisiona con las necesidades del mercado laboral y las presiones empresariales. Y la democracia representativa es vista por muchos como un teatro donde el resultado está escrito de antemano. Mientras tanto, la tasa de natalidad sigue en 1,1 y el reloj no se para.