Regularización masiva: la factura del ingreso mínimo se dispara
¿Cuánto cuesta abrir la puerta a 1,2 millones de personas cuando la caja ya no da? La regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno ha admitido a trámite más del 70% de las solicitudes, y el primer impacto fiscal asoma: el ingreso mínimo vital y otras prestaciones podrían recibir una presión inesperada. No hay cifras fiables sobre cuántos regularizados cotizarán y cuántos necesitarán ayudas, pero el riesgo de que una proporción significativa no encuentre empleo convierte el cálculo en una incógnita cara.
El gasto no se limita a las paguitas. El capítulo educativo es el gran olvidado: cada alumno de primaria o secundaria cuesta de media 8.000 euros al año, y una familia migrante con tres hijos en edad escolar supone cerca de 30.000 euros anuales solo en escolarización, con becas de comedor incluidas. Un desglose que, puesto sobre la mesa, descoloca a cualquiera que hable de integración sin presupuesto.
Mientras tanto, el fatalismo se impone: “Se viene el hostión”, “A remar”. La ironía, en este caso, tiene base numérica. Porque el problema no es solo quién cobra el ingreso mínimo, sino quién paga la factura de integrar a esa población cuando el sistema ya cojea. Los optimistas confían en la cotización; los pesimistas recuerdan que un permiso temporal no equivale a un empleo. Y la impresora de permisos, mientras tanto, no descansa.