Noticia: Ninguno de la Manada saldrá de la trena antes de 2030, habrán cumplido más años encarcelados que etarras o condenados por asesinato

Los condenados de La Manada acumularán más años de cárcel que muchos asesinos o miembros de ETA​

¿Es posible que una condena por agresión sexual supere en duración a la de un homicidio? Los cinco sevillanos sentenciados por la violación grupal de los San Fermines de 2016 cumplen penas que, según las proyecciones actuales, se extenderán más allá de 2030. Una comparación con otros delitos revela diferencias que invitan al menos a la reflexión.

Las cifras de la discordia​

La sentencia firme del Tribunal Supremo impuso penas que suman entre 15 y 25 años para cada uno, según su grado de participación. A ello se añade una indemnización de 500.000 euros a la víctima y dos años adicionales por el robo del teléfono móvil. En la práctica, ninguno obtendrá la libertad condicional antes de 2030. Para entonces, habrán cumplido más de 14 años efectivos de prisión.

El contraste con otras estadísticas penitenciarias es llamativo: la media de cumplimiento efectivo para delitos de asesinato ronda los 12-15 años, y numerosos etarras han obtenido beneficios penitenciarios tras cumplir menos de una década. En el debate público, este desequilibrio ha alimentado la percepción de que la respuesta judicial fue desproporcionada o, como mínimo, desigual.

Lawfare o justicia ejemplarizante​

El caso de La Manada ha sido calificado por algunos analistas como el ejemplo más claro de "lawfare" en España: una instrumentalización de la justicia con fines políticos y mediáticos. La cobertura informativa previa al juicio, con la difusión de identidades y datos personales, generó una presión que, según esta corriente, condicionó el fallo final. El voto particular del juez Ricardo González, que habló de "jolgorio y regocijo" y defendió la absolución, fue desoído por la mayoría.

Enfrente, quienes sostienen que la sentencia fue proporcionada a la gravedad de los hechos y que cualquier comparación con otros delitos ignora las particularidades de cada caso: el ensañamiento, la grabación y la posterior sustracción del móvil agravan la conducta. Además, recuerdan que los tribunales actuaron en plena independencia y que el recurso al Supremo agotó todas las garantías.

El efecto sobre la confianza en la justicia​

Más allá de las opiniones, el caso ha dejado una huella profunda en la percepción ciudadana del sistema judicial. La sensación de que existen dos varas de medir —una para delitos sexuales con gran repercusión y otra para el resto— erosiona la credibilidad institucional. La discusión sobre si las penas cumplen una función rehabilitadora o meramente ejemplarizante sigue abierta, sin que se vislumbre un consenso.

Los próximos años serán clave para evaluar si el debate sobre la proporcionalidad de las penas se traduce en cambios legislativos o si, como hasta ahora, el sistema penal español sigue siendo un mosaico de disparidades que escapan a la lógica jurídica.