Nacho cano pagaba menu 10 euros x 10 horas + habita compartida 5 indianos + 300 € mes + 20 propina finde

Lo que costaba ser becario de Nacho Cano: 300 euros y 10 horas al día​

¿Cuánto vale dormir en una habitación con cuatro desconocidos, comer siempre el mismo menú de diez euros y cobrar veinte euros de propina los fines de semana? La respuesta que maneja la instrucción del caso es 300 euros al mes, después 500, más los extras. A cambio: diez horas diarias de ensayo, de lunes a sábado, para un espectáculo como Malinche. Y, según las comprobaciones policiales, sin el papel que permitía estar ahí. El asunto no es solo un sueldo bajo. Es un modelo entero de producción cultural, y su factura la acaba pagando alguien.

¿Cuánto cobraban de verdad los bailarines de Malinche?​

Los números que se han puesto encima de la mesa son simples y no admiten mucha interpretación. Menú de 10 euros al día en el mismo restaurante, pagado. Habitación compartida con cuatro o cinco personas en un hostal del centro. 300 euros al mes, que después subieron a 500. Y 20 euros de propina el fin de semana. Si alguien quería más, tenía la puerta abierta a trabajar en el bar Canalla a la salida de la función.

Sumado, hay quien calcula más de 900 euros mensuales entre especie y efectivo, con alojamiento y una comida cubiertos en Madrid. El cálculo no es descabellado a poco que se sume: unos 300 de comida al mes, 500 de paga, ochenta de propinas. Ese es el terreno donde el caso se vuelve incómodo, porque obliga a comparar con lo que cobra un becario español medio, que no tiene ni habitación ni menú ni nada. Y encima le dan las gracias.

El problema no era el sueldo, era el permiso​

Aquí está el núcleo jurídico, no el moral. Según las actuaciones que se han publicado, los bailarines carecían tanto de visado de estudios como de contrato de trabajo. Una abogada especializada en extranjería lo resumió sin adornos: no deberían haber comenzado las prácticas por no disponer de la autorización. Y añadió un detalle que casi nadie tiene en cuenta: esa autorización de estancia por estudios no la solicita la empresa, la solicita el propio interesado.

Hay un añadido que aprieta más. Desde enero de 2024 todos los becarios han de cotizar a la Seguridad Social. Si no estaban de alta, y no podían estarlo sin residencia legal, aparece una falta administrativa por un lado y la sombra de un delito de explotación por otro. El calendario tampoco ayuda: la solicitud tardó seis meses en resolverse, de diciembre a mayo, con el correspondiente recurso después. Mientras se resolvía, la función seguía.

La denuncia que puso el foco​

El relato que abrió el caso, según lo publicado, sostiene que se entró al país sin visado de estudiantes y que a los participantes se les dieron indicaciones para hacerse pasar por turistas. Si eso es así, la irregularidad no empieza en la nómina: empieza en la frontera. Y hay testimonios que describen la trastienda del montaje, con jornadas que se alargaban hasta la madrugada y una salida del proyecto que, en un caso concreto, terminó con dos días literalmente en la calle.

¿Es explotación o es formación?​

Es la discusión que recorre todo el caso. Una parte del análisis sostiene que ensayar diez horas no es trabajar diez horas: si trabajas, el empresario gana a tu costa; si ensayas, le cuestas dinero. Con esa lógica, cobrar poco por formarte con buenos profesores y acabar en un escenario profesional sería un chollo, no una condena. Es el mismo argumento que se usa con las prácticas de FP y con los campamentos.

El contraargumento no es débil. Ese aprendizaje se convirtió en la mano de obra de un producto que se vendía como espectáculo comercial. Y la teoría del maestro que se aprovecha del alumno a cambio de conocimiento tiene un límite difuso pero real. El Bulli aparece en la conversación como el ejemplo canónico: colas para entrar, remuneración simbólica o nula, currículum de oro a la salida. Nadie discute que allí se aprendía muchísimo. Se discute si eso convierte cualquier condición en aceptable.

Lo que el caso dice del mercado laboral español​

Hay algo más incómodo que las cifras concretas: el listón con el que se comparan. En España las prácticas no remuneradas son la puerta de entrada estándar a media docena de sectores, y el becario universitario medio cobra cantidades que no dan para alquilar una habitación en Madrid, ni mucho menos para comer todos los días. Contra ese espejo, el paquete de Malinche parece hasta generoso.

Ese es justo el problema. Que la comparación con la precariedad local salga favorable no dice nada bueno de la precariedad local. Lo que cambia el eje es la irregularidad administrativa: si además de mal pagado el trabajo se hace sin autorización y sin alta, la conversación deja de ser sobre cuánto es poco y pasa a ser sobre qué es delito.

Cierre. Al final, el caso tiene una virtud pedagógica indiscutible: ha puesto a medio país a discutir cuánto vale formar a un bailarín. Nadie ha preguntado cuánto vale que alguien le pague las cuotas.