Ceuta: ¿dónde queda la clase trabajadora en el relato progresista?
La crisis migratoria en Ceuta ha reactivado un debate incómodo: mientras el discurso público se llena de declaraciones sobre diversidad e inclusión, la mujer trabajadora de a pie ve cómo su precariedad sigue sin tener portavoz. La paradoja es evidente: quien encarna el nuevo progresismo, a menudo con perfil racializado y lenguaje empoderado, pareciera desconectar de las preocupaciones materiales de aquella a la que se supone representar.
La doble vara en la aplicación de la ley
En el fondo, hay una percepción de trato desigual que muchos señalan. Si 8.000 personas montan un campamento ilegal, las fuerzas de seguridad tardan en actuar, se argumenta; en cambio, una protesta vecinal en cualquier ciudad española recibe una respuesta inmediata y contundente. Esa doble vara alimenta la idea de que el Estado aplica distinto rasero según quién ocupe el espacio público.
A esto se añade el llamado “efecto llamada”: el convencimiento, extendido, de que la regularización sistemática de llegadas no hace sino incentivar a las redes de tráfico de personas. Se sostiene que España se ha convertido en una puerta abierta, y que las organizaciones criminales lo saben perfectamente. Es un argumento controvertido, pero imposible de ignorar cuando se discute la política migratoria.
La izquierda y la clase trabajadora
El problema de fondo, sin embargo, es otro: la izquierda, enfocada en batallas identitarias, ha dejado huérfana a la mujer humilde trabajadora. Los sindicatos, se denuncia, siguen viviendo de los presupuestos públicos mientras callan ante su situación. La pregunta incómoda que flota es si la defensa del “empoderamiento” y la “racialización” ha sustituido a la lucha por salarios dignos y condiciones justas. El caso de Ceuta ha servido para sacar a la superficie una fractura que muchos preferían no ver.
¿Volverán los primeros migrantes a sus países? Algunos ya lo hicieron, y fueron tachados de ingenuos por no haber aprovechado la oportunidad de quedarse. Pero la duda permanece: ¿qué intereses reales defiende el progresismo cuando habla en nombre de los que no tienen voz?