Muere electrocutado robando cobre en Almería: ¿quién paga los platos rotos?
Un hombre de unos 30 años y origen marroquí ha fallecido tras recibir una descarga eléctrica mientras intentaba robar cable de cobre de un poste de alta tensión en Almería. Según fuentes de la investigación citadas por EFE, la víctima ya había sido sorprendida días atrás intentando sustraer cable, pero reincidió. Esta vez no tuvo segunda oportunidad.
El robo de cobre es un problema endémico en España: solo en 2023 se registraron más de 15.000 sustracciones de cable, con un coste para las eléctricas y las administraciones que supera los 50 millones de euros anuales, según datos del sector. Pero el debate económico no se centra tanto en el metal como en quién asume las consecuencias.
El peligroso negocio del cobre
El cobre se ha convertido en un blanco recurrente por su alto valor en el mercado de metales. Una tonelada ronda los 8.000 euros, lo que convierte cualquier instalación eléctrica en un objetivo. Pero el ahorro para el ladrón es menudo comparado con el riesgo: las líneas de alta tensión transportan corrientes que superan los 20.000 voltios. No hay «5 reglas de oro» que valgan cuando se improvisa con un cortafríos y unos guantes de jardinería.
Indemnizaciones: el debate que divide
Mientras algunos ven en el suceso una consecuencia inevitable de la delincuencia, otros apuntan a la posible responsabilidad patrimonial de la Administración o de la compañía eléctrica. El argumento recurrente es que, si no hubo señalización adecuada o la instalación no cumplía la normativa, la familia del fallecido podría reclamar una indemnización que, al final, pagamos todos vía impuestos o tarifas. Datos de sentencias previas muestran que, en casos similares, los tribunales han reconocido indemnizaciones de hasta 100.000 euros por «daño moral», incluso cuando la víctima estaba cometiendo un delito.
No faltan quienes lo califican de «accidente laboral» o «justicia divina», pero el dato económico es frío: el coste de reparación del poste y la reposición del cable – unos 3.000 euros – es la parte más visible. La factura oculta, la de los pleitos y las posibles condenas, puede multiplicar esa cifra por diez.
La Ley de Ohm no perdona
La física fue implacable. Como recordaba algún analista, «la electricidad no es racista ni xenófoba; solo sigue la Ley de Ohm». Pero el debate público sí que establece distinciones: unos cargan contra la reincidencia y la falta de control migratorio; otros señalan que el problema es la pobreza y la falta de oportunidades. Mientras tanto, los robos de cobre siguen dejando barrios sin luz y, de vez en cuando, un cuerpo calcinado.
El caso de Almería no será el último. Y la pregunta que sobrevuela es si la sociedad está dispuesta a endurecer las penas, mejorar la vigilancia o, simplemente, asumir que el cobre sigue siendo más rentable muerto que vivo.