NOTICIA: Muere la muyer quemada viva por dos sicarios contratados por su mar1do

El crimen de Aisha: 2 millones de euros al contribuyente​

El pasado 2 de febrero, Aisha, una mujer de origen magrebí de 34 años, fue rociada con líquido inflamable y prendida fuego por dos sicarios mientras sostenía a su bebé de seis meses. Tras cinco meses agonizando en la UCI, falleció. Su expareja, Ibrahim B., de la misma edad y origen, presuntamente contrató a dos trabajadores de sus empresas para cometer el crimen. Los tres están en prisión provisional. La víctima nunca denunció y no constaba en VioGen. Pero más allá del horror, hay un coste económico tangible que el contribuyente español está pagando.

El precio de la agonía y la condena​

Solo la estancia de cinco meses en la UCI de un gran quemado, sumada a los 50 años de prisión (unos 17 por cada uno de los tres condenados) en un sistema penitenciario que cuesta alrededor de 40.000 euros por interno al año, dispara la factura. Un cálculo aproximado sitúa el coste total para el Estado en cerca de 2 millones de euros. A eso hay que añadir la repatriación del cadáver, el cuidado de los tres hijos menores –si no son reclamados por su país de origen– y las indemnizaciones como víctima de violencia de género. Una cuenta que, según las estimaciones, supera lo que muchos inmigrantes aportan en toda su vida laboral.

La factura de la inmigración que no integra​

Este caso no es aislado. Se acumulan decenas de crímenes similares en los que el agresor es de origen magrebí o subsahariano, y la víctima, también. La política de puertas abiertas trae consigo no solo mano de obra barata, sino también dinámicas culturales que chocan con los valores europeos. Mientras los gobiernos presumen de multiculturalismo, los costes de los delitos importados se cargan a las arcas públicas. Según los datos disponibles, ni un solo euro de las ayudas a la integración ha servido para prevenir este tipo de violencia. Al contrario: las estadísticas de violencia machista se inflan con casos donde el agresor es extranjero, y el dinero de los impuestos se va en prolongar agonías y mantener asesinos.

Un sistema que no previene, solo paga​

La ausencia de denuncias previas y la falta de inclusión en VioGen demuestran que el sistema de protección no llega a las comunidades donde estos crímenes son más frecuentes. O no quieren denunciar, o las autoridades no hacen suficiente esfuerzo por llegar a ellas. El resultado es que el Estado solo actúa después del crimen, con un coste millonario. Mientras, los discursos oficiales siguen negando la correlación entre origen y delincuencia, y se rechaza cualquier debate sobre políticas migratorias basadas en datos.

Con estos antecedentes, cabe preguntarse: ¿cuántos casos más harán falta para que el coste económico obligue a un cambio de rumbo? La factura de la corrección política es cada vez más cara.