Muere un exetarra en bici: el accidente que reabre el debate sobre la impunidad
La mañana del suceso, un ciclista de 52 años falleció al ser arrollado por un vehículo en una carretera vizcaína. No era un deportista cualquiera: Igor Urigarte, exmiembro de ETA, había cumplido 18 años de prisión por su pertenencia a la banda y estaba en libertad. Su muerte, calificada oficialmente como accidente de tráfico, ha desatado una oleada de especulaciones.
Un tercer incidente en la lista
Urigarte se suma a una serie de fallecimientos de antiguos etarras en circunstancias dudosas. Antes que él, el etarra Chapela murió en un siniestro similar, y otro exterrorista corrió la misma suerte. La expresión «no habrá 2 sin 3» ha circulado con insistencia en determinados entornos digitales, donde se compara el fenómeno con un Death Note. Nadie ha presentado pruebas, pero la coincidencia alimenta la teoría de una justicia paralela.
El coste económico de la reinserción
La política de reinserción de presos de ETA ha generado un intenso debate que trasciende lo penal. Por un lado, el sistema penitenciario ahorra costes al liberar a internos que han cumplido parte de su condena; por otro, el coste social en términos de credibilidad institucional y satisfacción de las víctimas es incalculable. Los colectivos de damnificados sostienen que la salida anticipada de terroristas sin arrepentimiento supone una deuda moral y económica que la sociedad aún no ha saldado.
Un clamor que no se apaga
Las reacciones al accidente han sido mayoritariamente frías o abiertamente celebratorias, reflejando una fractura social persistente. Mientras unos piden que se investigue a fondo, otros consideran que se trata de una «justicia poética». El caso de De Juana Chaos, otro etarra en libertad, ha sido mencionado como potencial siguiente eslabón de la cadena.
El dato que descoloca: según los cálculos que manejan algunos sectores, aún quedan más de 300 asesinatos de ETA sin resolver judicialmente. Por mucho que se acumulen los accidentes, la cuenta sigue abierta.