El wokismo no te quita la libertad: te quita la impunidad
El wokismo no ha prohibido la grosería; ha subido su precio. Quien se queja de que no le dejan ser irrespetuoso está pidiendo, en el fondo, que la falta de respeto no tenga consecuencias. La libertad de expresión se invoca como coartada, pero el derecho a ofender no incluye el derecho a humillar.
La economía invisible del respeto
El respeto funciona como un activo: genera confianza, reduce fricciones y abarata las transacciones. La corrección política, en su versión más razonable, es una tecnología para proteger ese activo. Quienes la rechazan suelen argumentar que convierte la convivencia en un funeral. Pero la alternativa no es la espontaneidad: es el insulto como norma.
En España, el insulto ha sido históricamente una forma de cariño; en otros países, la misma frase es motivo de denuncia. Esa diferencia cultural explica por qué aquí se tolera más la grosería en la política y en los medios. La queja contra el wokismo, en muchos casos, no es una defensa de la libertad de expresión: es una defensa del derecho a no ser contestado.
La asimetría del derecho a ofender
El argumento de que el derecho a ofender debe ser bidireccional es razonable sobre el papel. En la práctica, se usa para reclamar el privilegio de ofender sin ser contestado. Cuando alguien se siente insultado por una crítica, responde con la acusación de censura. Esa jugada convierte a la víctima en verdugo.
La cita de Oscar Wilde —“si la libertad significa algo, es decirle a la gente lo que no quiere oír”— se ha convertido en bandera. Pero la libertad de expresión no es un salvoconducto para la humillación. Mientras el wokismo siga siendo un cajón de sastre, la disputa continuará. La pregunta no es si se puede ofender, sino quién paga el coste. Y ahí, previsiblemente, no habrá acuerdo.