Militante de Vox falsodenunciado se ha suicidado en Navidad al tener que pasarla sin sus hijas. DEP

Un padre sin custodia compartida se quita la vida​

¿Cuántas denuncias falsas hacen falta para arruinar a un hombre? Víctor Bravo, exmilitar jubilado, vecino de Carabanchel y activista histórico por la custodia compartida, se quitó la vida tras años de litigios con su expareja, según los mensajes que circulan. Según un mensaje difundido, acumulaba más de una decena de denuncias que él habría ganado en los juzgados y, aun así, seguía sin poder ver a sus hijas. La noticia la han difundido cargos y militantes de Vox —Santiago Abascal, Carla Toscano, Iván Espinosa de los Monteros— y asociaciones de padres separados como SOS Papá España. Según un mensaje difundido, el cuerpo fue incinerado en el tanatorio de la M30.

Quién era Víctor Bravo y por qué su caso ha tenido eco​

Bravo no era un desconocido. Exmilitar, padre y uno de los primeros impulsores del movimiento por la custodia compartida en España, participó en los inicios de Vox y llevaba años denunciando lo que él llamaba la industria viogen. En 2021 concedió una entrevista sobre su lucha contra ese entramado, que estos días se ha vuelto a compartir. Su perfil explica el eco: no es un caso anónimo más, es alguien con altavoz y con red.

La secuencia que se repite en los mensajes es siempre la misma: denuncias, juzgados, absoluciones o archivos, y un régimen de visitas que no llega. La pregunta que sobrevuela todo el asunto no es por qué se suicidó un hombre concreto, sino por qué el sistema permite que un padre sin condena firme pase años sin ver a sus hijos.

¿Por qué una denuncia falsa casi nunca se persigue?​

Porque probar que una denuncia es falsa exige más que demostrar que estaba infundada. Una denuncia archivada no es una denuncia falsa: hace falta acreditar que se interpuso a sabiendas de su falsedad. Esa es la barrera técnica que explica por qué los procesos por denuncia falsa son residuales, y sobre ella se ha montado un debate con dos corrientes.

Una sostiene que la judicatura y la fiscalía miran para otro lado porque el sistema está diseñado para creer a la denunciante de entrada. Otra apunta a un problema estructural distinto: el artículo 66 de la ley contempla la suspensión del régimen de visitas del inculpado respecto de los menores, y ahí el perjudicado no es solo el padre, es también el niño, que pierde de golpe al progenitor y a toda su familia paterna. La discusión sobre si la norma discrimina solo a los hombres o también a los hijos ha sido uno de los ejes del intercambio.

El dato que nadie pone en el titular: suicidios de hombres​

Según un cálculo que circula en el hilo, de cada cuatro suicidios en España, tres son hombres. Las cifras que se manejan en el asunto apuntan a 3.953 defunciones por esta causa, de las que 2.902 corresponderían a varones y 1.051 a mujeres. Según ese mismo cálculo, la prevalencia se concentra en hombres de mediana edad arruinados por un divorcio, un perfil que rara vez llega a los medios.

Lo llamativo del caso Bravo es justo lo contrario: que haya tenido nombre, cargos públicos despidiéndose y una hora de incineración conocida. La mayoría no la tiene. Mueren solos, sin nota, sin tuits y sin que nadie conecte el fallecimiento con el procedimiento judicial que lo precedió.

Lo que se discute de fondo: la ley, la pensión y el relato​

Hay quien pide que derogar la ley de violencia de género sea el punto uno de cualquier programa electoral y condición para pactar gobierno. Hay quien responde que el problema no es la ley sino su aplicación, y que el testimonio de la denunciante como prueba principal invierte la carga de la prueba y convierte al denunciado en culpable hasta que demuestre lo contrario. Y hay quien recuerda que la ley también perjudica a las mujeres en otros frentes, discusión que ha calentado el intercambio.

En el plano práctico, dos apuntes que se repiten: según los mensajes que circulan, la expareja no cobraría pensión de viudedad por tratarse de un matrimonio disuelto, y las hijas heredarían el patrimonio del fallecido. Poco consuelo en ambos casos.

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Al final, el asunto deja una cifra incómoda y una pregunta sin responder: si el sistema funciona, ¿por qué el que gana los juicios sigue perdiendo a sus hijos?