El regalo del rey de Arabia: lo que la ley dice y lo que Miguel Sebastián omitió
Hay un umbral que pocos ciudadanos conocen: a partir de 150 euros, cualquier regalo recibido por un cargo público en ejercicio de sus funciones debe ser declarado y, en muchos casos, entregado a Patrimonio del Estado. Sin embargo, cuando el exministro socialista Miguel Sebastián defendió esta semana que "no puedes rechazar un regalo del rey de Arabia", la polémica estalló no por la cortesía diplomática, sino por lo que no dijo: que el destinatario real del obsequio es el Estado, no el bolsillo del presidente.
El marco legal: Patrimonio del Estado y declaración fiscal
Los regalos de jefes de Estado a altos cargos españoles no son propiedad personal. Según la normativa, si el obsequio es dirigido al presidente del Gobierno, pasa a formar parte de Patrimonio del Estado, gestionado por Hacienda. Si el cargo quiere quedárselo, debe declararlo como incremento patrimonial en la renta y tributar por su valor. Omitir cualquiera de estos pasos no es solo defraudar: es, en palabras de algunos analistas, "robar a Hacienda". En el caso de las joyas recibidas por José Luis Rodríguez Zapatero durante su mandato, la valoración oficial —puesta en duda por muchos— no exime de la obligación de declarar.
El contraste con el caso Camps: ¿doble vara de medir?
El debate resucitó la comparación con el expresidente valenciano Francisco Camps, que en 2011 fue juzgado y condenado por aceptar trajes de la trama Gürtel sin declararlos. La paradoja no pasa desapercibida: mientras que la derecha fue duramente perseguida por unos "putos tristes trajes de mierda" —como los calificó un usuario—, la izquierda parece relativizar joyas de origen saudí. "Si ZP tiene un regalo de la familia real de Arabia Saudí, imagínate los que tendrán acumulados la familia real desde hace 60 años", ironizaba otro análisis. La diferencia de trato judicial alimenta la percepción de lawfare selectivo.
La coartada del protocolo diplomático
Sebastián argumentó que rechazar un regalo de un jefe de Estado sería una ofensa diplomática. Es cierto que la cortesía internacional aconseja aceptar, pero no retener. La solución está clara: se acepta, se documenta, se entrega a Patrimonio Nacional y punto. Lo que no cabe es la desaparición de las joyas —como algunos recuerdan que ocurrió con las de Zapatero— o su disfrute privado sin declarar. El caso ha reabierto la herida de la desconfianza: ¿cuántos regalos han quedado sin control en la Moncloa? ¿Por qué el ciudadano de a pie debe tributar hasta por un bolígrafo de comunión mientras los altos cargos se escudan en la diplomacia?
La pregunta que queda en el aire es si esta polémica se diluirá como tantas otras o si, esta vez, Hacienda y la Agencia Tributaria actuarán con la misma diligencia que aplican en las bodas y los bingos de los ciudadanos anónimos.