Estado vs. inquilino: la pareja que pagó 900€ en Moncloa 19 años y ahora debe comprar por 700.000€
La Tesorería General de la Seguridad Social, propietaria de 4.115 viviendas en España, ha denegado la prórroga del alquiler a Miguel y su pareja, inquilinos desde 2007 de un piso en el barrio madrileño de Moncloa. El precio de venta: 700.000€. Sin ingresos (él en paro, ella opositando), la alternativa es marcharse. El caso destapa la esquizofrenia de un Estado que legisla contra los grandes tenedores mientras es uno de ellos.
Miguel accedió a esta vivienda pública durante el Gobierno de Zapatero, con un alquiler muy por debajo del mercado: 900€ mensuales frente a los 1.500€ de la zona. En 19 años, la pareja ha pagado unos 205.000€ en rentas, pero no ha ahorrado lo suficiente para afrontar la compra. Los críticos señalan que, con esos ingresos pasados (él trabajaba en una multinacional), deberían haber acumulado un colchón. Sin embargo, la mayoría del debate coincide en que el verdadero problema es la posición del Estado como casero implacable.
El gobierno ha aprobado normas para limitar los desahucios a vulnerables, pero la TGSS –el mismo Estado– no las aplica a sus propios inquilinos. De las 4.115 propiedades, 874 están vacías, lo que sugiere una gestión ineficiente del parque público. Además, la pareja no puede acogerse a la prórroga extraordinaria de dos años aprobada en 2023 porque el contrato no es del tipo protegido.
La historia de Miguel es un síntoma de un mercado donde el acceso a la vivienda se ha convertido en un privilegio, incluso cuando el casero es el Estado. Queda la pregunta: ¿es el inquilino un inconsciente que no supo planificar, o la víctima de un sistema que utiliza sus propias reglas para expulsar a los que debía proteger?
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