El Gobierno concede cinco indultos parciales, tres de ellos a condenados por corrupción firme
¿Cómo es posible que un Ejecutivo que prometió mano dura contra la corrupción publique cinco indultos justo antes de las vacaciones, tres de ellos a personas condenadas en firme por delitos de corrupción? Los datos están en el BOE y las reacciones no se han hecho esperar.
El paquete incluye a Laura Borrás, expresidenta del Parlament, cuyo indulto parcial se justifica en «razones de justicia y equidad». También al exalcalde de Linares Juan Fernández Gutiérrez, condenado a tres años de prisión —conmutada a dos— y siete de inhabilitación. La tercera figura es Natalio Grueso, gestor cultural condenado a ocho años por malversación, que ve perdonada la pena de cárcel por motivos humanitarios de salud.
Un patrón que levanta ampollas
El caso de Fernández Gutiérrez es llamativo: el indulto contó con informes favorables del tribunal sentenciador y con el apoyo de los grupos popular y socialista de Linares, así como de una asociación vecinal que recabó firmas. La crítica se centra en que la puerta giratoria entre política y justicia sigue girando. Para algunos analistas, la reiteración de indultos a condenados vinculados al poder político socava la credibilidad del sistema judicial.
Los indultos humanitarios y sus sombras
Natalio Grueso, impulsor cultural, ha visto reducida su condena por su estado de salud. Una veintena de artistas avalaron la solicitud. Sin embargo, el delito de malversación de fondos públicos —una condena firme de ocho años— no se borra con un informe médico. La decisión reabre el debate sobre el uso del indulto para eludir penas por corrupción.
En total, cinco personas beneficiadas. Tres condenados por corrupción. El Gobierno alega equidad y justicia; la oposición habla de impunidad. Y mientras tanto, el BOE sigue siendo el termómetro de hasta dónde llega el margen de maniobra del Ejecutivo. Ironías de la democracia: los indultos se publican en el mismo boletín que las leyes.