El acuerdo de Gibraltar excluye a los españoles del acceso a la vivienda: lo que nadie cuenta
El Gobierno de Pedro Sánchez ha firmado un tratado con Gibraltar que, según ha trascendido, deja a los trabajadores transfronterizos españoles sin derecho a acceder a la vivienda en el Peñón. O, al menos, así lo han titulado algunos medios. La letra pequeña es más matizada: el acuerdo equipara derechos sociales y fiscales entre trabajadores españoles y gibraltareños, pero excluye expresamente las ventajas en materia de vivienda. Es decir, no se les prohíbe comprar o alquilar, pero no podrán acogerse a los mismos beneficios que los residentes.
La paradoja de la prioridad nacional
Mientras en España se defiende la prioridad nacional para el acceso a la vivienda pública, en Gibraltar se aplica el mismo principio contra los españoles. El argumento de que cada territorio regule su propio mercado choca con la realidad de que los gibraltareños con alto poder adquisitivo sí pueden comprar propiedades en España –y de hecho lo hacen–. El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, posee dos viviendas en la costa de Cádiz y Málaga valoradas en 1,4 millones de euros, sin tributar en España al no superar los 180 días de estancia.
El aeropuerto y las ventajas ocultas
El tratado, sin embargo, no es todo malo para el Campo de Gibraltar. La Línea de la Concepción se beneficia de un aeropuerto sin haber invertido un euro, y se ha eliminado el corte de tráfico en la pista de aterrizaje gracias a un paso subterráneo. Peatones y vehículos de movilidad personal cruzan ahora sin esperar. Todo apunta a que el acuerdo es ventajoso para Gibraltar, muy bueno para la comarca y humillante para el Reino Unido.
Con estos mimbres, la polémica sobre la vivienda solo es la punta del iceberg. Queda por ver si la exclusión de los españoles en el acceso a la vivienda se mantendrá o será el próximo frente de negociación.