Menores de 14 años que roban y quedan impunes: ¿cambiamos la Ley?

Tres menores fueron detenidos en el barrio madrileño de Batán tras una persecución en la que, según fuentes policiales, agredieron con palos y amenazaron de muerte a varios agentes. Un cuarto implicado, de 13 años, había sido identificado días antes por otro robo y no es penalmente responsable.

La escena empieza como tantas otras en un barrio del sur de Madrid: un aviso por un intento de robo con violencia a una persona mayor. Varias patrullas de la Policía Nacional de la comisaría de Latina acuden a Batán. Allí localizan a cuatro menores. Una testigo cuenta que habían tratado de quitarle las pertenencias a una mujer y que ella misma tuvo que recriminarles. Durante la identificación, los agentes encuentran un cúter oculto en la cintura de uno de ellos. La actitud, según las mismas fuentes, es desafiante y los insultos contra los policías se suceden.

De un aviso por robo a una persecución por la A-5

Lo que parecía una identificación se complica. Una mujer alerta a los agentes de que el grupo ha ido a buscar palos con la intención de agredirles cuando regresen a la zona. Cuando las patrullas vuelven, los localizan portando esos objetos. La llegada de más efectivos provoca la huida de los menores en distintas direcciones. Uno es interceptado cerca de la calle Villamanín y opone una fuerte resistencia: llega a propinar varias patadas a los agentes.

Otros dos cruzan la A-5, obligando a varios vehículos a frenar para no atropellarlos. Aparecen después ocultos junto a unos arbustos cerca de la calle Cebreros. Al ver a la policía, vuelven a correr mientras gritan «Allahu akbar» («Alá es grande»), según las fuentes policiales consultadas. La persecución a pie dura varios minutos. Cuando los alcanzan, presuntamente golpean a los agentes con puñetazos y patadas para evitar ser reducidos y esposados. Dos policías necesitan asistencia sanitaria por las lesiones.

Amenazas también en dependencias policiales

Las amenazas no terminan con las detenciones. Según las mismas fuentes, los menores profieren frases como «os vamos a matar» o «vamos a por vosotros», además de repetir los gritos de «Allahu akbar». Uno de los arrestados llega a amenazar a un agente y a su hijo, asegurando que conoce los lugares que frecuentan. Algunos intentan autolesionarse golpeándose contra el suelo, las paredes y la mampara del vehículo policial, por lo que tienen que ser atendidos por los servicios sanitarios.

El cuarto implicado, que logró escapar, es el caso que más incomoda. Había sido identificado días antes por su presunta participación en el robo de una cadena de oro a una mujer en la calle Villamanín. Entonces se comprobó que tenía 13 años. Al no poder ser considerado penalmente responsable, fue entregado de nuevo al centro de menores en el que residía. Es decir: el mismo menor, el mismo tipo de hecho, y la misma respuesta institucional.

El debate de fondo: qué hace la ley con un menor de 13 años

La Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores fija en 14 años la edad mínima para exigir responsabilidad penal. Por debajo de esa edad no hay detención, ni fiscalía de menores, ni medidas judiciales: el caso pasa a la administración de protección y el menor vuelve a su centro. Ese es el marco que explica que un chico identificado por un tirón de una cadena de oro esté en la calle días después y aparezca como implicado en otro incidente.

La discusión sobre reformar esa ley no es nueva. Cada episodio con menores extranjeros no acompañados en centros de acogida reabre el mismo pulso entre quienes piden bajar la edad penal y quienes recuerdan que el sistema de protección no es una condena blanda sino una red distinta, con sus propios problemas de saturación. Los trabajadores del centro implicado, según recoge la información, llevan tiempo avisando de que el recurso no debió abrirse y de que la consejería conoce la situación.

Conviene separar dos planos que el ruido mezcla. Uno es el penal: qué se puede hacer con un menor de 13 años que presuntamente roba y amenaza. Otro es el de protección: dónde se le coloca y con qué supervisión. La ley actual responde al primero con la nada jurídica y deja el segundo en manos de una consejería que, según sus propios empleados, está desbordada. Cambiar la ley del menor es una decisión política legítima, pero no resuelve por sí sola el problema del centro que no debería haber abierto.