Meloni anuncia el cobro de 5.000 euros a cada forastero ilegal que llegue a Italia para su manutención y expatriación

Meloni exige 4.983 euros de garantía a cada inmigrante que llegue a Italia​

Lampedusa tiene censados unos 6.000 vecinos. En las últimas semanas han desembarcado en la isla más de 12.000 personas. Dos recién llegados por cada residente, con los centros de acogida desbordados y los vecinos describiendo una situación insostenible. Giorgia Meloni ha respondido con la medida que más ruido genera: una garantía financiera de 4.983 euros que cada inmigrante en situación irregular deberá abonar al Estado italiano mientras se tramita su petición de asilo. La primera ministra la presentó después de visitar la isla junto a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

El objetivo declarado es disuasorio. Según fuentes oficiales, el dinero cubriría el «alojamiento adecuado en el territorio nacional», la suma necesaria para la repatriación y «los medios mínimos necesarios de subsistencia por persona». Cuatro semanas de estancia, 28 días como máximo, con la factura pagada de antemano.

Qué cubre la garantía de 4.983 euros y a quién se exige​

No es una multa: se presenta como un depósito para costear la manutención y la eventual expatriación. La cifra, 4.983 euros, se menciona en el decreto como garantía financiera destinada a cubrir alojamiento, repatriación y subsistencia durante un periodo no superior a 28 días. Pasado ese plazo, el marco se complica y aparece la segunda pieza del paquete.

De 3 a 18 meses: la otra pata del decreto​

El mismo Gobierno ha aprobado la construcción de «centros de permanencia para la repatriación», instalaciones de detención temporal para inmigrantes en situación irregular mientras se tramita su expulsión. Y ha ampliado el periodo legal de retención de 3 a 18 meses, el máximo que permite la normativa europea. La combinación es la que inquieta: menos tiempo en la calle durante la tramitación y más tiempo bajo custodia administrativa si el retorno no se consuma.

133.000 llegadas y un acuerdo con Túnez ya firmado​

Las cifras del año en curso son las que empujan la decisión. 133.000 personas han llegado a las costas italianas en lo que va de año, el triple que en 2021. Bruselas ha respondido con 127 millones adicionales para proteger las fronteras comunitarias y controlar la inmigración: unos 67 millones para asistencia en operaciones de control fronterizo y el resto para el acuerdo con Túnez.

Ese pacto se cerró en julio, con Meloni y la UE de por medio, y replica el modelo turco: Túnez refuerza el control migratorio a cambio de fondos. Buena parte de los recién llegados a Lampedusa, procedentes sobre todo de Nigeria, Eritrea y Guinea, cruzaron el Mediterráneo en embarcaciones que partieron de puertos tunecinos. Los ministros de Exteriores de Italia y Francia han pedido a la UE más apoyo ante lo que consideran «un problema europeo».

¿Se puede cobrar 4.983 euros a quien llega sin papeles?​

Aquí empieza el escepticismo. Hay quien sostiene que la deuda funciona como llave: quien nada más llegar contrae una deuda con la administración queda fuera de cualquier ayuda pública, y eso desincentiva. Es la parte del argumento que se apoya en cómo funcionan los requisitos de acceso a prestaciones: con deuda pendiente, el grifo se cierra.

En contra pesa la aritmética. La mayoría de quienes alcanzan la costa no llevan documentación —una parte la destruye antes de embarcar— y difícilmente dispondrán de 4.983 euros. Se argumenta también que, sin acceso a ayudas, la salida no es la repatriación sino otras fuentes de ingresos, y que el Estado se queda con un crédito incobrable. La duda recorre todos los tramos de la política migratoria: ¿a quién se le embarga cuando no hay nada que embargar?

Disuasión, escenografía o mirar a Australia​

Otra corriente lee la medida como un impuesto al negocio. Si el coste de mover personas deja de ser rentable para quien organiza el traslado, algunas redes podrían replegarse. Es una hipótesis, no un resultado: el tráfico de personas no factura precisamente en función de la capacidad de pago del migrante.

En paralelo circulan recetas más contundentes. Está la que reclama bloquear la salida en origen, la que propone copiar el modelo australiano de control fronterizo y la que sugiere criterios de reparto por sexos para ordenar los flujos. Sobre el fondo late una sospecha recurrente: que los centros de permanencia acaben siendo, de hecho, alojamiento subvencionado durante meses para después repartir a las personas por el resto de Europa vía asilo.

Meloni se queda con una cifra llamativa en la portada y un problema que no cierra: Lampedusa ya ha triplicado su población habitual mientras el decreto espera su trámite.